La Justicia impulsó una denuncia penal por una presunta estructura de corrupción y lavado de dinero en el sistema de fotomultas, con eje en convenios con universidades para evitar licitaciones y un esquema de reparto que habría desviado millones de pesos
Martín Marinucci y Leandro Camani, dos de los apuntados por las fotomultas
El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció una presunta red de lavado de dinero y coimas en el negocio de las fotomultas, con foco en el empresario Leandro Camani y el ministro bonaerense Martín Marinucci, según surge de una presentación judicial.
La denuncia se origina en la Investigación Preliminar N° 141 iniciada en enero y describe un esquema en el que Camani, a través de Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., suscribe convenios con universidades públicas para evitar procesos de licitación.
Según el dictamen, el objetivo del entramado sería “lavar dinero para poder pagarles coimas a los funcionarios públicos” a cambio de controlar la recaudación de multas en distintos puntos del país, de acuerdo a lo consignado en el escrito.
En ese marco, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y su fundación FUNINTEC aparecen como intermediarias mediante convenios de asistencia técnica con municipios bonaerenses, que luego delegan la operatoria en la fundación, la cual subcontrata directamente a las firmas vinculadas a Camani.
El esquema establece un reparto del 70% de lo recaudado para la estructura universidad-empresa y un 30% para los municipios, lo que, según el fiscal, permite desviar sumas millonarias. Como ejemplo, se menciona que La Matanza transfiere más de 3.758 millones de pesos a FUNINTEC entre enero y septiembre de 2024.
La investigación sostiene que parte de esos fondos se canaliza a través de facturación apócrifa mediante empresas fantasma o monotributistas, con el fin de concretar pagos ilegales a funcionarios.
El escrito también señala una presunta connivencia de funcionarios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Secretaría de Transporte de la Nación y áreas de la provincia de Buenos Aires, e identifica a Camani como el presunto organizador de la maniobra junto a supuestos testaferros.
En la presentación se vincula a Marinucci con una posible asociación ilícita junto a Camani y Diego Alfredo Lepera, mientras que el secretario de Extensión de la UNSAM, Diego Kampel, figura como nexo clave para facilitar los contratos dentro de la universidad.
Marijuan solicitó al juez federal el encuadre provisorio bajo el delito de lavado de dinero, además de requerir informes patrimoniales a la ARCA, reportes a la UIF y eventuales allanamientos en la UNSAM y FUNINTEC para secuestrar documentación relevante.
La causa podría unificarse con otros expedientes en trámite en la justicia federal de Tres de Febrero que investigan irregularidades en al menos once municipios, entre ellos General Pueyrredón, Zárate, Morón, San Isidro y San Martín.
Hace aproximadamente un año, la Justicia Federal ya había ordenado el allanamiento por irregularidades de varias empresas involucradas en convenios de fotomultas con diversos municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos, el de General Pueyrredon.
Por orden del juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, las firmas fueron intervenidas en el marco de una investigación que también tiene en la mira a intendentes y funcionarios bonaerenses que triangularon con fundaciones universitarias fondos de infracciones de tránsito.
De hecho, el 27 de diciembre de 2024 el Municipio fue allanado por pedido del magistrado en el marco de una serie de intervenciones con aquellas jurisdicciones que firmaron convenios con la Universidad Nacional de San Martín. La Matanza, Roque Pérez, Junín, Olavarría, Morón, Zárate, General Rodríguez, 9 de Julio, San Isidro y General San Martín también recibieron visitas oficiales.