Pidieron que la comisión aprobada en Diputados por el fentanilo contaminado sea "una herramienta de reparación" y no sea "bloqueada por intereses políticos"
La semana pasada, la Cámara de Diputados de la nación aprobó la creación de una Comisión Investigadora para la causa del fentanilo contaminado que, hasta los últimos informes, dejó 96 víctimas fatales. Su tarea será determinar la responsabilidad de los diferentes organismos vinculados y, sobre ello, familiares de las víctimas emitieron un pedido y adelantaron: "Las expectativas son altas".
La Comisión Especial deberá indagar en la responsabilidad del Ministerio de Salud, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la Dirección General de Aduanas. Como así también, ahondará en "el estado de habilitación de HLB Pharma y Ramallo S.A. al momento de la producción y distribución" del opioide letal. Para ello, estudiarán el listado completo de expedientes, inspecciones y sumarios iniciados por la ANMAT contra ambos laboratorios, propiedad de Ariel García Furfaro.
Esta iniciativa fue celebrada por familiares de fallecidos por fentanilo que están en busca de Justicia, sin embargo, fueron tajantes ante el periodo que se les otorgó: "La comisión debe alcanzar resultados concretos en poco tiempo y bajo fuerte presión institucional". Y remarcaron que la función de la misma "será colaborar con la Justicia, no sustituirla".
"La gravedad de la megacausa del fentanilo adulterado es ineludible: decenas de muertes aún sin cuantificar, desaparición de materias primas, destrucción de pruebas, irregularidades en laboratorios y la inacción de organismos de control", introdujeron en su escrito y recordaron que, frente a esto, se aprobó la creación de la Comisión de Investigación "sobre los hechos relacionados con la comercialización y/o utilización en el sistema de salud del fentanilo adulterado y sus consecuencias”.
En ese sentido, recordaron el tiempo que se le dio al organismo para funcionar, dado que deberá constituirse en un plazo máximo de siete días desde la sanción y funcionará hasta el 9 de diciembre de 2025: "Este plazo, aunque claro, es breve frente a la magnitud y complejidad de la megacausa. Las expectativas son altas: no basta con declaraciones simbólicas, la comisión debe alcanzar resultados concretos en poco tiempo y bajo fuerte presión institucional", aseveraron.
Asimismo, recordaron que deberán colaborar con la Justicia, no sustituirla, "aportando pruebas, documentos y testimonios para fortalecer la investigación penal". Pero también, hablaron del "rol político clave" que tendrán los participantes para "esclarecer responsabilidades administrativas y regulatorias, y elaborar propuestas normativas que refuercen los sistemas de control sanitario y eviten que esta tragedia vuelva a repetirse".
"El próximo paso será decisivo: definir a sus integrantes y, sobre todo, a quién ejercerá la presidencia", relataron con respecto a la conformación de la misma, debido a que, a su parecer, "de esa figura dependerá si la comisión se convierte en una verdadera herramienta de investigación y reparación, o si queda bloqueada por intereses políticos".