El expediente por corrupción en la obra social de los jubilados bonaerenses sumó nuevas pruebas, citaciones y testimonios que salpican al principal armador de La Libertad Avanza en la provincia, hombre de máxima confianza de Karina Milei
Sebastían Pareja, armador de LLA, y Karina Milei
El escándalo por corrupción en el PAMI de la provincia de Buenos Aires volvió a tomar fuerza justo después de las elecciones legislativas del domingo. En el centro de la tormenta está Sebastián Pareja, principal armador de La Libertad Avanza en territorio bonaerense y hombre de máxima confianza de Karina Milei.
La causa judicial, que estuvo casi paralizada durante un año, comenzó a moverse con más velocidad y ya tiene citaciones a funcionarios, pedidos de prueba y la indagatoria del propio Pareja.
“Llamativamente, la causa empezó a moverse cuando pedimos que se pase a Comodoro Py”, dijo a El Editor Platense Viviana Aguirre, la denunciante que destapó el entramado y que hasta 2024 fue funcionaria del organismo en La Plata. Su abogado, Lucas Carril, que trabaja en la causa junto a su socio Valentín de Araquistain, confirmó que ya se detectaron que hubo retornos que se hicieron mediante transferencias bancarias y existen los comprobantes que probarían las maniobras. Sin embargo, hasta ahora solo en la causa que tramita en Misiones se comprobó de manera fehaciente que esos retornos se hicieron por esa vía; en La Plata los movimientos todavía están bajo análisis.
El caso golpea de lleno al armado libertario en Buenos Aires. Según los testimonios, el PAMI habría sido usado como caja de recaudación interna para financiar al partido. Las denuncias mencionan cobros indebidos a jubilados, sobreprecios de hasta un 700% en contrataciones médicas, pedidos de coimas a empleados y muertes evitables en geriátricos por abandono.
El expediente se tramita en el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla. Sin embargo, tanto Aguirre como su defensa insisten en que el caso pase a Comodoro Py para que se unifiquen las denuncias que ya aparecieron en distintas localidades, además de La Plata, en Chaco, en Santa Cruz, en Misiones, en La Pampa, en Formosa, en General Madariaga y en Villa Gesell, y que hoy, dicen, están “compartimentadas”.
Viviana Aguirre, excoordinadora contable de la UGL VII del PAMI, se apartó de La Libertad Avanza tras negarse a firmar documentación irregular y a exigir “retornos” de hasta un millón de pesos. Según su relato, fue desplazada del cargo, amenazada y hasta le inventaron una causa falsa para presionarla.
“Me pidieron medio millón de pesos de mi sueldo para la causa del partido y que como jefa política también le exija un millón al director local. Yo apoyaba a La Libertad Avanza, pero me negué porque era todo en negro y no sabíamos a dónde iba ese dinero”, explicó.
La denuncia, presentada en junio de 2024, no solo apuntó contra Pareja, sino también contra otros nombres de peso: Juan Esteban Osaba (tercer candidato a diputado provincial por LLA en la Octava Sección), Esteban Leguizamo (director nacional del PAMI), Carlos Zamparolo (su segundo) y operadores locales.
El expediente judicial ya incorporó pruebas sobre maniobras de recaudación que, según Aguirre, estaban aceitadas. Se detectaron retornos que se hacían por transferencia bancaria y hasta cobros indebidos a jubilados por cirugías oftalmológicas cubiertas al 100% por PAMI, por los cuales pedían 70 mil pesos extra y el dinero se repartía entre funcionarios y clínicas.
Otra de las prácticas denunciadas era el uso fraudulento de la “vía de excepción”, un mecanismo pensado para casos médicos urgentes que permite contrataciones sin licitación. Bajo esa excusa, se aprobaban prótesis, traslados y operaciones con valores inflados. Un marcapasos que costaba 200 mil pesos podía llegar a facturarse en más de un millón.
Lo más grave, sin embargo, fueron las condiciones en algunos geriátricos. Aguirre aseguró haber documentado muertes por falta de alimentos, desnutrición y abandono total. En el geriátrico San Nicolás, por ejemplo, una afiliada falleció tras semanas de comer polenta con carcasa de pollo y agua sucia. “Me advirtieron que me iba a prender fuego si hablaba con los medios”, denunció.
La trama judicial se mezcla con la interna libertaria. Pareja, señalado como el jefe del armado bonaerense, impulsa agrupaciones como La Púrpura, un espacio que busca copar colegios profesionales y estructuras territoriales. Según Aguirre, allí se esconden maniobras de lobby y negocios con comedores, además de la colocación de militantes a cambio de dinero.
“La casta son ellos”, disparó la denunciante, que hoy asegura que Pareja intenta incluso disputar el liderazgo de los hermanos Milei.
En paralelo, el exdirector de la UGL VII, Raúl Simonetto, también denunció saqueos de información y presiones para nombrar personal sin concurso. Ambos coincidieron en que todas las decisiones pasaban por Leguizamo y Zamparolo, pero siempre consultadas con Pareja.
El expediente (FLP 014184/2024) ya no está quieto. Ramos Padilla tomó testimoniales, se pidieron informes, se incorporó documentación y se citó a declarar a varios funcionarios del PAMI, además de la indagatoria a Sebastián Pareja. “Necesitamos que pase a Comodoro Py porque, si no, la información queda compartimentada”, insistió el abogado de Aguirre.
Mientras tanto, la política sigue de cerca los movimientos judiciales. En plena campaña legislativa, el caso sacude a La Libertad Avanza en su distrito más importante. Desde el PAMI difundieron un comunicado prometiendo que las delegaciones “no serán más una caja negra de la política”. Pero la causa muestra otra realidad.