En paralelo, Tapia arrastra otros expedientes abiertos, entre ellos una denuncia vinculada al CEAMSE que tramita en La Plata
Chiqui Tapia, más complicado
A menos de dos meses del comienzo del Mundial, Claudio “Chiqui” Tapia enfrenta uno de los momentos más delicados desde que llegó al poder en la Asociación del Fútbol Argentino. Un fiscal federal de Santiago del Estero pidió este viernes su detención e indagatoria, junto con la del tesorero Pablo Toviggino y parte de su entorno familiar y empresario, en una causa por asociación ilícita agravada y lavado de activos.
El planteo fue formulado por el fiscal Pedro Simón en un dictamen de 181 páginas que ahora deberá analizar el juez federal Guillermo Díaz, quien resolverá si hace lugar o no a las medidas solicitadas, como arrestos, allanamientos, peritajes e inhibición general de bienes.
La causa se inició a fines de 2025 a partir de una denuncia anónima y derivó en una investigación sobre una presunta estructura destinada a mover fondos mediante sociedades, propiedades y operaciones bajo sospecha. El expediente menciona más de 20 personas vinculadas al entorno de los dirigentes.
Según la acusación, Tapia y Toviggino habrían utilizado empresas vinculadas a este último como pantalla para ejecutar negocios ilícitos con dinero proveniente de la Asociación del Fútbol Argentino.
En el requerimiento, el fiscal sostuvo que Tapia, en su rol de presidente de la AFA, habría “convalidado y permitido la sustracción de fondos” al autorizar transferencias a firmas ligadas al tesorero, con presunto conocimiento del verdadero destino del dinero.
La sospecha central es que se montó una red de sociedades fantasmas que emitían facturas por servicios que, según la acusación, nunca se prestaron realmente a la AFA. De ese modo, el dinero salía formalmente de la entidad y entraba a un circuito privado.
El dictamen describe tres etapas. La primera habría sido introducir el dinero en el sistema financiero a través de distintas sociedades comerciales de Responsabilidad Limitada. En el expediente aparecen firmas como Malte, DCT, Bori, HT, SOMA, Norte Argentino, Lindor, Barwa, Maroma, Segon, Carbello, Servicios Neurus, Servicios Lindor, Vandap y Real Central. Al menos cuatro de ellas figuran radicadas en Santiago del Estero.
La segunda etapa habría consistido en complejizar el recorrido del dinero. Para eso, las empresas emitían facturas entre sí y generaban múltiples movimientos internos que dificultaban reconstruir el origen de los fondos.
La tercera fase, según la fiscalía, era volver a insertar ese dinero en el mercado legal mediante la compra de bienes y la realización de inversiones financieras. Entre las operaciones detectadas se mencionan plazos fijos, compra de acciones, dólar MEP, vehículos, inmuebles, lotes y estancias.
Uno de los datos que más llamó la atención dentro del expediente es la cantidad de bienes relevados en Santiago del Estero. Fuentes judiciales señalaron que hay al menos 35 inmuebles vinculados a sociedades relacionadas con Toviggino y allegados. También aparecen automotores y activos registrados a nombre de distintas firmas.
La Justicia también incorporó información migratoria sobre numerosos viajes al exterior y movimientos patrimoniales que ahora forman parte del análisis judicial.
Además de Tapia y Toviggino, el fiscal imputó a otras personas del entorno familiar y comercial. Entre ellas figuran: Orlando Martín López y Mauro Javier Paz (socios de Malte SRL); Rosalía Argañaraz (fundadora de Barwa SRL) y Alejandro Sebastián Taborda Magallanes (director de Neurus).
También familiares como Darío Fabián Toviggino (socio en SOMA SRL); María Julia del Castillo Orellana, Manuel Hernán del Castillo Orellana, Julia Argentina Orellana (socios de HT SRL); Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado.
También fueron mencionadas otras personas en calidad de sospechosas o vinculadas a operaciones bajo análisis.
En paralelo, Tapia también quedó mencionado en una denuncia radicada en La Plata por su rol al frente del CEAMSE, la empresa estatal encargada del tratamiento de residuos del área metropolitana y con injerencia sobre el Camino del Buen Ayre.
Según pudo saber El Editor Platense, en ese expediente el fiscal Álvaro Garganta ya pidió informes al organismo como parte de las primeras medidas de prueba. Hasta ahora no hubo movimientos importantes, pero la causa continúa abierta.
En tribunales bonaerenses recuerdan que ese tipo de investigaciones suelen moverse primero con requerimientos administrativos, cruces de documentación y análisis internos. Recién después, si aparecen elementos consistentes, llegan citaciones, allanamientos o imputaciones formales.
A la par, Tapia enfrenta otros frentes judiciales en distintos tribunales federales. En Campana, el juez Adrián González Charvay concentra investigaciones por presuntas maniobras patrimoniales y negocios vinculados a la AFA, mientras que en el fuero Penal Económico porteño el magistrado Diego Amarante interviene en la causa por supuestas irregularidades tributarias millonarias.