La causa Correo: un expediente que nunca murió
El expediente judicial del Correo Argentino está abierto desde 2017 y tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo. Apunta a un presunto acuerdo irregular entre el Estado nacional y la empresa Correo Argentino S.A., controlada por la familia Macri, para licuar casi el 99% de la deuda histórica que la firma mantenía con el Estado desde 2001. En ese momento, la deuda original rondaba los 296 millones de pesos. Con intereses, llegaba a los 555 millones.
La operación más polémica ocurrió en 2016, cuando ya gobernaba Mauricio Macri. Ese año, durante la gestión del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, el Estado aceptó una oferta de pago que fue calificada por la fiscal Gabriela Boquín como “ruinosa” y “abusiva”. Según su dictamen, el acuerdo implicaba una quita del 98,87% de la deuda, perjudicando seriamente al patrimonio público. Fue ella quien frenó el avance del acuerdo.
Desde entonces, la causa pasó por varios fiscales, auditores y jueces, sin resoluciones concretas. Los exfuncionarios Aguad y Juan Manuel Mocoroa, junto con los directivos Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher (ambos ligados a SOCMA), fueron imputados e indagados. Pero nunca procesados. Lijo, hoy postulado para integrar la Corte Suprema, fue cuestionado incluso por sectores cercanos al macrismo por “congelar” la investigación.
Minutos antes del cierre de la jornada del jueves y previo al feriado, la Corte Suprema de Justicia rechazó un pedido de los abogados de Cibils Robirosa y Kleidermacher, quienes querían apartar a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico de la causa por supuesta parcialidad. Boico, antes de ser juez, fue defensor de Cristina Kirchner. Farah, en tanto, fue uno de los magistrados que denunció presiones del gobierno de Cambiemos.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron el recurso por no tratarse de una sentencia definitiva. La decisión, aunque técnica, fue leída en tribunales como una señal clara: la causa Correo sigue viva. Y ahora el expediente vuelve a estar en el centro del tablero político y judicial.
Causas cerradas, sobreseimientos y expedientes que sobreviven
Hasta ahora, Mauricio Macri esquivó cualquier tipo de condena o procesamiento firme. Su historial judicial es extenso, pero con desenlaces que lo dejaron al margen de imputaciones graves.
Una de las primeras causas resonantes fue la de las escuchas ilegales, iniciada cuando era jefe de Gobierno porteño. En 2010, fue procesado por asociación ilícita, abuso de autoridad y falsificación de documentos, entre otros delitos. Pero en 2015, ya como presidente, fue sobreseído.
En 2021 fue procesado por espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan, en una causa iniciada por la exinterventora de la AFI Cristina Caamaño. El procesamiento fue revocado por la Cámara Federal en 2022 y finalmente confirmado su sobreseimiento por la Casación en 2023.
También se cerraron a su favor otros expedientes, como el caso de la “mesa judicial” durante su presidencia. En este expediente también estuvieron involucrados funcionarios del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, entre ellos el exintendente de La Plata, Julio Garro, y el exministro de Trabajo Marcelo Villegas, tras la aparición de un video grabado en las oficinas del Banco Provincia donde se los escucha hablar de “armar una Gestapo” para avanzar contra los gremios. La Cámara Federal respaldó el fallo de primera instancia que sobreseyó a Macri.
El dirigente político también fue involucrado en los Panamá Papers. El caso surgió en 2016 a partir de una filtración masiva de documentos de la firma Mossack Fonseca, que reveló la existencia de sociedades offshore ligadas a líderes políticos y empresarios de todo el mundo. Mauricio Macri figuraba como director de Fleg Trading Ltd., una firma radicada en las islas Bahamas. La investigación buscaba determinar si esa estructura fue utilizada para evadir impuestos o blanquear activos no declarados. En 2021, el juez Sebastián Casanello sobreseyó al expresidente tras concluir que no se había acreditado que hubiera cometido delito alguno. La decisión fue ratificada por la Cámara Federal en 2022.
Otra investigación que tomó notoriedad fue la llamada causa Lago Escondido, vinculada a un viaje realizado hace tres años a la estancia del magnate británico Joe Lewis, estrecho amigo de Mauricio Macri. Jueces federales -como Julián Ercolini y Carlos Mahiques-, porteños y exfuncionarios viajaron en vuelo privado pagado por los empresarios Héctor Magnetto y Lewis, en lo que se denunció como un “cónclave político-judicial secreto” orientado a asegurar impunidad para el expresidente y presionar causas contra Cristina Kirchner. La fiscalía de Bariloche había imputado por cohecho y prevaricato a los asistentes, pero el juez federal Sebastián Ramos declaró nula la causa -por violaciones en origen y filtraciones- y sobreseyó a todos los involucrados, incluidos los jueces y empresario. Además, una causa paralela por la compra supuestamente fraudulenta de tierras a través de la sociedad Hidden Lake, que impedía el acceso público al lago, también cerró sin condenas por prescripción, beneficiando al grupo Lewis.
Pero no todo está terminado. Además del caso Correo, hay otros expedientes sensibles que aún lo involucran, al menos tangencialmente. Uno es el de la venta de parques eólicos, abierta en 2018. Se investiga si empresas ligadas a la familia Macri compraron proyectos adjudicados originalmente a la firma española Isolux Corsán y los revendieron con ganancias millonarias. Aunque el expresidente no está formalmente imputado, el expediente sigue en trámite.
También hay una causa vinculada a la concesión de los peajes durante su gestión, donde sí fueron procesados por administración fraudulenta varios exfuncionarios, como Guillermo Dietrich, exministro de Transporte; Javier Iguacel, exdirector de Vialidad y luego ministro de Energía; Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro y abogado vinculado a la familia Macri, y Nicolás Dujovne, exministro de Hacienda, imputado por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Y, claro, el caso Correo: la causa madre, en la que el expresidente no figura como imputado pero sí como figura clave del acuerdo investigado. En 2017, en medio del escándalo, él mismo declaró que todo volvía “a foja cero” y reconoció que el concesionario del Correo era su padre, Franco Macri.
¿El fin de la “doble vara”?
En sectores de la oposición y en parte del electorado kirchnerista crece la idea de que la Justicia actúa con mayor dureza hacia Cristina Kirchner que hacia Mauricio Macri. Con la vicepresidenta condenada y bajo arresto domiciliario en su departamento de Monserrat, esa percepción se amplifica.
Altas fuentes judiciales consultadas por El Editor Platense consideran que hay un margen para avanzar en causas que involucran a figuras del PRO, pero reconocen que todavía no hay un “cambio de clima” en Comodoro Py. “Los expedientes están abiertos, pero no se activan solos. Se necesita impulso político y judicial”, confió un magistrado que conoce los pasillos de Tribunales.
Por ahora, Macri sigue en libertad, sin procesamientos, y con un aparato político detrás que lo respalda. Pero el escenario ya no es el mismo. Con Cristina detenida y Milei sin intención de proteger a dirigentes de Juntos por el Cambio, el blindaje que lo rodeaba parece más poroso. El tablero judicial se mueve y, aunque nadie lo diga abiertamente, en los tribunales ya suena una pregunta que podría marcar los próximos meses: ¿Ahora van por Mauricio Macri?
