Casación apartó al juez Julián Ercolini de la causa que acusa de violencia de género al expresidente Alberto Fernández contra su expareja Fabiola Yáñez
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández, en la causa que se lo acusa por violencia de género contra su expareja Fabiola Yáñez. Además, se apartó al juez del caso, Julián Ercolini por su vínculo personal con el imputado.
La decisión fue tomada por la Sala II de Casación conformada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, rechazaron los cuestionamientos de la defensa al procesamiento del expresidente, sobre quien pesan los cargos de "lesiones leves y graves agravadas por contexto de violencia de género y amenazas coactivas en concurso real".
En tanto, se resolvió apartar a Ercolini porque Fernández había asegurado tener una relación de amistad con el magistrado, actualmente estando enemistados. Sobre esto el máximo tribunal advirtió que el Juez debe abandonar el expediente "sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos" y ratificaron la vigencia de las medidas adoptadas.
El juicio oral está cada vez más cerca y la Cámara Federal porteña deberá sortear un nuevo juez para continuar, frente a esto, la defensa de Alberto Fernández se prepara para pedir la nulidad de toda la causa.
Cabe recordar que, meses atrás, trascendió que la ex primera dama podría llegar a pedir hasta 12 años de prisión en el juicio oral contra el expresidente, el máximo de la pena prevista para los delitos por los cuales buscará que se lo acuse.
La querella de Fabiola Yañez a cargo del abogado Mauricio D'Alessandro pedirá que se juzgue al ex presidente por delitos que contemplan penas de 4 a 12 años de prisión, anticiparon fuentes del caso. Recién al término del juicio y a la hora de su alegato, quedará en condiciones de reclamar la pena máxima de 12 años de cárcel si considera que en el debate oral quedaron probadas las acusaciones. Ya sea reclamando la pena mínima o algún otro monto, de cualquier forma se trata de expectativas de condenas que contemplan la prisión efectiva.