El exintendente de La Plata, Julio Garro, y exfuncionarios de su gestión, fueron imputados por "asociación ilícita" y otros presuntos delitos
Julio Garro
Luego de conocerse la imputación en la Justicia de Julio Garro y otros exfuncionarios de La Plata, por los presuntos delitos de “asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado”, siguen apareciendo detalles de una maniobra que habría comenzado en 2021.
La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de La Plata dice tener pruebas suficientes de que Garro, junto a la exsecretaria de Planeamiento Urbano, María Botta; Marcelo Gustavo Genoro (ex Director General de Obras Viales); y Nahuel Julián Paradela (exsubsecretario de Servicio Públicos), fueron partícipes necesarios de una cadena de actos ilícitos.
Los otros implicados son los empresarios Ariel Fabian Bordigoni (Bordigoni y Cia. SRL.), Cecilia Andrea Mayocchi (Agrycon S.A.), Leandro Arrechea (Agrycon S.A.) y Facundo Dadin (Solvial Construcciones).
En diciembre de 2021 fueron rezonificados una serie de lotes en el noroeste del partido, perdiendo su estatus de “zona rural intensiva” y pasando a la categoría de “zona residencial extraurbana”. Con ese simple trámite, los terrenos pasaron a casi triplicar su valor.
La rezonificación de uno de los terrenos mencionados le generó a la empresa Agrycon S.A., propietaria del mismo, una ganancia en la valorización del predio de alrededor de $522 millones.
La alícuota, que por ley es de entre el 10% y el 30% de la plusvalía, debe ser destinada “a mejorar las condiciones de hábitat en los múltiples barrios y asentamientos populares con carencias estructurales”.
Sin embargo, el intendente Garro y los Concejales de Juntos por el Cambio, que eran mayoría en el HCD, decidieron que los $77.459.684 que Agrycon debía poner en concepto de plusvalía urbanística vayan a la construcción de una rotonda en 467 y 160, a metros del predio en cuestión y a sólo unas cuadras del barrio privado donde vive Garro.
“De los elementos originariamente incorporados surgía que dicha obra tendría un costo de $39.080.657 debiéndose abonar según convenio de fecha 13 julio 2022 y que la plusvalía total ascendía a $77.459.684”, afirma el fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta.
Y luego agrega: “en el expediente principal fueron agregadas diferentes actuaciones adulterando el mismo y en la cuales se estimó nuevamente el valor de la misma obra pero esta vez prácticamente duplicando su valor por $63.818.306”.
“En este sentido se puede apreciar con prístina claridad un monto superior al consignado primigeniamente "inflando" el presupuesto allí asignado en perjuicio del erario público casi en el doble de su costo "originario", con tan solo un mes y medio aproximadamente de diferencia entre la firma de ambos “convenios urbanísticos”, remató.