En el Senado nacional, los kirchneristas Eduardo "Wado" de Pedro y Juliana di Tullio presentaron un proyecto de ley para garantizar el traspaso de la Unidad Turística de Chapadmalal a la órbita del Gobierno bonaerense, tal como reclama el gobernador Axel Kicillof. 

Tanto el complejo de Chapadmalal como su mellizo de Embalse, en Córdoba -declarados Monumento Histórico Nacional en 2013- fueron creados en 1945 por el gobierno de Juan Domingo Perón, a instancias de la Fundación Eva Perón, con el objetivo de desarrollar el turismo social en el país.

Según di Tullio, "el Gobierno Nacional intenta 'privatizar' y vaciarlo, a través de concesiones al sector privado", y por tal motivo, con este proyecto se busca garantizar "la protección del acceso al turismo social y la preservación del patrimonio que es de todos los argentinos".

El pedido de Kicillof

Como contó El Editor Platense, el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, exigió días atrás que el Gobierno nacional le transfiera la administración de Chapadmalal a la Provincia. En su descargo, el funcionario denunció que "el vaciamiento en Embalse es absoluto: empleados contratados despedidos y el personal de planta permanente en disponibilidad. Ya no quedan trabajadores estatales custodiando el predio. Todo el complejo permanece cerrado bajo llave al pueblo". Según Costa, "en Chapadmalal el camino es el mismo".

Como el complejo está en suelo bonaerense, la gestión de Kicillof exige "la transferencia de los hoteles y de los bienes del Museo Evita del Complejo para hacernos cargo. Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia defiende el patrimonio de los argentinos", subrayó el ministro. 

Qué dice el proyecto en el Senado

La iniciativa impulsada por di Tullio y de Pedro desafecta del dominio público del Estado Nacional el inmueble denominado “Unidad Turística Chapadmalal”; y le transfiere "a título gratuito a la provincia de Buenos Aires el dominio y administración de los inmuebles, instalaciones, bienes muebles y accesorios" que lo integran. 

Asimismo, el proyecto obliga a la administración provincial a "mantener el destino de turismo social, educativo, recreativo y cultural del complejo", así como "preservar el carácter histórico y patrimonial" de la Unidad. 

Por otra parte, advierte que en caso de incumplimiento por parte de la gestión bonaerense, la administración del complejo volverá automáticamente a manos del Estado Nacional.