Un puñado de diputados de la oposición presentaron un amparo ante la Justicia para que de marcha atrás con la ampliación de facultades de la SIDE
La reforma de la SIDE es rechazada por parte el Congreso
Diputados nacionales de la oposición presentaron una acción de amparo ante la Justicia para que anule la reforma impuesta por el Gobierno de Javier Milei sobre la Ley Nacional de Inteligencia que amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto con Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentaron una acción de amparo acompañada de una medida cautelar para que la norma quede suspendida mientras la Justicia analiza su constitucionalidad.
En la presentación, los legisladores cuestionan que el Poder Ejecutivo haya modificado la Ley de Inteligencia Nacional a través del DNU 941/2025. Los representantes de la oposición sostienen que no existió una situación real que justificara eludir el debate parlamentario y advierten, además, que el decreto avanza sobre materia penal, un ámbito que -insisten- la Constitución prohíbe regular por esta vía.
El escrito también pone el foco en la centralización de las tareas de inteligencia bajo la órbita presidencial y alerta sobre el riesgo de que el nuevo esquema derive en prácticas de persecución política y en una militarización de la seguridad interior.
Uno de los puntos centrales del planteo es la habilitación para que el personal de inteligencia realice detenciones. Para los diputados, esa facultad corresponde exclusivamente a las fuerzas policiales y su extensión a la SIDE vulnera garantías básicas del debido proceso y compromisos en materia de derechos humanos.
El planteo insiste también en que la atribución de facultades de aprehensión a los agentes de inteligencia implica legislar en materia penal mediante un decreto. “Cualquiera puede ser convertido, por indicación del Poder Ejecutivo, en una amenaza a la estabilidad del Estado”, advierten.
Los firmantes, además, advierten que la iniciativa “politiza la inteligencia” y citan como ejemplo el traslado de la autoridad nacional de ciberseguridad a la Jefatura de Gabinete mediante la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que quedará bajo la conducción de Manuel Adorni.
A criterio de los legisladores, los cambios introducen “una absoluta y total centralización bajo una misma estructura, toda dependiente del Poder Ejecutivo”, con el consiguiente riesgo de pérdida de independencia y objetividad en la producción de inteligencia estratégica.