Es oficial el decreto sobre la reestructuración de la SIDE. La oposición apunta contra los cambios del Gobierno, en especial el que habilita detenciones
Santiago Caputo mueve los hilos de la SIDE desde la sombra
El Gobierno nacional oficializó este viernes la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Entre los puntos más sensibles del decreto se destaca el carácter encubierto de las tareas de inteligencia y la habilitación para aprehender personas.
La medida fue formalizada a través del decreto 941/2025 publicado en el Boletín Oficial que se enmarca dentro de la reforma integral de la Ley de Inteligencia Nacional. Con estos cambios en la SIDE, que continuará bajo la conducción de Cristian Auguadra y Diego Kravetz, el Ejecutivo busca “centralizar, modernizar y reordenar” el sistema de inteligencia, con una redefinición de funciones, la creación de nuevos organismos y la ampliación de facultades.
En ese esquema, la SIDE se consolida como el órgano superior y rector del sistema. La estructura quedará integrada por el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) y la Inspectoría General de Inteligencia. Si bien cada organismo contará con autonomía técnica y funcional, todos responderán a la conducción política del titular de la SIDE.
En ese marco, la ex Agencia de Seguridad Nacional (ASN) pasa a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), con la misión de prevenir y detectar amenazas estratégicas internas. Además, se amplía el concepto de contrainteligencia, incorporando medidas pasivas obligatorias para todo el sector público.
El decreto también diferencia ciberseguridad -vinculada a la protección de infraestructuras críticas- de ciberinteligencia, orientada al análisis de amenazas en el ciberespacio. En ese sentido, se anuncia la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete como autoridad nacional en la materia.
Los cambios refuerzan la centralización de la SIDE, que tendrá a su cargo la aprobación y control del presupuesto del área y la supervisión de los gastos reservados. Asimismo, podrá requerir información a organismos del sector público, provincias y a la Ciudad de Buenos Aires cuando lo considere necesario. La reorganización es seguida de cerca por el asesor presidencial Santiago Caputo, quien coordina el área desde las sombras.
Otro punto relevante es la creación de dos espacios de intercambio de información: la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), que reúne a organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas y la UIF; y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), integrada por ministerios y organismos civiles que aportarán información estratégica sin realizar tareas de inteligencia.
La reforma también introduce cambios en el área de inteligencia militar, con la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa y el traspaso de sus funciones al Estado Mayor Conjunto, con el objetivo de evitar superposiciones.
Entre los aspectos más polémicos, el decreto autoriza a los organismos de inteligencia a brindar su propia seguridad, repeler agresiones y aprehender personas en flagrancia, dando aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. Este punto generó fuertes cuestionamientos desde sectores de la oposición.
En los fundamentos, el Gobierno remarca el carácter encubierto de todas las actividades de inteligencia “por su sensibilidad” y reafirma la prohibición de realizar espionaje por motivos ideológicos, religiosos o políticos, así como de influir sobre partidos, medios de comunicación u opinión pública.
Finalmente, se establece que los directores de los principales organismos tendrán rango de secretario y que sus designaciones deberán ser informadas a la Comisión Bicameral del Congreso. El decreto ya se encuentra en vigencia y deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente, tal como lo establece la Ley 26.122.