La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei introdujo modificaciones en la Ley de Inteligencia Nacional N.º 25.520. A través de un comunicado difundido este jueves, la central obrera cuestionó el poder que se le dio a la SIDE.
Rechazando de plano el hecho de que los cambios se hayan realizado por decreto, la CGT advirtió que se trata de reformas “regresivas y peligrosas” que, a su criterio, deberían ser debatidas y legitimadas por el Congreso de la Nación.
Según la CGT, el nuevo esquema fortalece el poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sin los controles parlamentarios correspondientes, amplía el carácter encubierto de las tareas de inteligencia y habilita la participación de las Fuerzas Armadas y de seguridad en tareas de inteligencia interior. En ese marco, alertó sobre posibles vulneraciones a derechos y garantías constitucionales, incluyendo riesgos para la libertad individual y el ejercicio del periodismo, y sostuvo que las medidas se inscriben en un rumbo político y económico que se aleja de los principios de una democracia plena.
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Al igual que la CGT, la oposición rechaza los cambios en la SIDE
Como adelantó El Editor Platense, la oposición en el Congreso ya activó los resortes legislativos para darle tratamiento al último y polémico DNU de Milei. La Coalición Cívica junto con Provincias Unidas primero, y Unión por la Patria más tarde, pidieron a Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, que conforme "de manera urgente e inmediata" las comisiones Bilaterales Permanentes de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia y de Trámite Legislativo, con el objetivo de debatir los alcances del Decreto.
“Este decreto es manifiestamente inconstitucional al avanzar sobre una de las materias vedadas por el art. 99, inc. 3° de la Constitución Nacional, como es la penal, al otorgar atribuciones al personal de inteligencia que son propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de seguridad, modificando el Código Procesal Penal de la Nación en su art. 184”, advirtió el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.