Mientras el cierre de listas acaparaba toda la atención de la política, la Justicia Federal avanzaba a paso firme en la causa que investiga al principal armador del PRO en la provincia de Buenos Aires, el diputado Cristian Ritondo. Lo acusan de presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos financieros, en un expediente que también alcanza a su esposa, la abogada Romina Aldana Diago, y pone en la mira una compleja red de sociedades que incluyen desarrollos inmobiliarios y una gran estructura offshore en los Estados Unidos y las Islas Vírgenes.
La denuncia surgió el año pasado tras una investigación periodística y fue presentada en Comodoro Py por el abogado bonaerense Jeremías Rodríguez, quien acercó documentos bancarios, registros de propiedad y actas societarias. El expediente quedó en el Juzgado Federal Nº2 de Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Eduardo Taiano, quien en las últimas semanas avanzó en las pesquisas y ordenó pedidos de informes a bancos, a la UIF, a registros provinciales y a organismos antilavado en el extranjero. Algunas respuestas aún están pendientes, pero varios de esos informes ya están incorporados en el expediente de más de 600 fojas.
De acuerdo con la Declaración Jurada Patrimonial Integral 2023 presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA), Ritondo pasó de tener bienes por unos $85,1 millones al inicio del período, a $1.542 millones al cierre. El incremento informado representa un 1.709% y lo ubicó en el tope del ranking patrimonial del Congreso. La mayor porción del salto se explica por la valuación de participaciones societarias, que declaró el 67% de Emprendimientos Rivadavia SA (más un 16% adicional como herencia), además de tenencias en Waterford SA, Agrolinks SA y Bull Business SA. También informó disponibilidades en efectivo en pesos y dólares, cuentas en Banco Provincia y Banco Santander, créditos con la uruguaya Ardax SA y bienes del hogar.
Ese contraste entre valuaciones declaradas y el volumen real de activos vinculados a la familia es uno de los núcleos de la investigación. El denunciante sostiene que la brecha podría esconder subvaluaciones, omisiones o posibles testaferros.
Emprendimientos Rivadavia SA nació como empresa familiar a fines de 1999. Ritondo suele decir que la “heredó” de su padre Donato, pero lo cierto es que el actual diputado figura desde el origen como socio fundador y hoy preside la firma con la cual montó una cadena de proyectos inmobiliarios seriados bajo la marca “Solares de Donato” (I al XIV), distribuidos entre la Ciudad de Buenos Aires y la costa bonaerense.
Según presentaciones incorporadas a la causa, incluidos relevamientos catastrales y documentación a la que accedió El Editor Platense, el paquete suma 14 desarrollos con unas 373 unidades funcionales y un potencial de ventas estimado en más de USD 55 millones. Entre las direcciones porteñas que se repiten en el expediente figuran Arregui 5137 (Solares I), Basualdo 455, Guardia Nacional 437, Araujo 536, Olivera 90, Pilar 666, Ramón Falcón 6439, Emilio Castro 7035, Escalada 228, Rivadavia 9954/56, Córdoba 5501, Julián Álvarez 1129 y Escalada 230, entre otras.
El salto a la costa llegó con Solares de Donato XIV, La Frontera (Pinamar Norte) y un paquete más amplio de inmuebles con un edificio de seis pisos sobre Av. Constitución 898 en pleno centro. También incluye lotes en el country La Herradura, donde vecinos hablan de una “mansión” que unifica al menos 7 parcelas que le pertenecen a Ritondo; sumado a un terreno de más de 2.100 m2 en Pinamar Norte y pedidos municipales para unificar otros lotes que están en pleno trámite. Parte de esas propiedades habrían sido transferidas, pero otras siguen ligadas a la firma, según los papeles exhibidos en la denuncia ampliada.
Un informe del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) porteño incorporado recientemente al expediente confirmó titularidades de unidades y parcelas vinculadas tanto a Emprendimientos Rivadavia como a Diago, en direcciones que coinciden con los “Solares”. Esa radiografía, cruzada con las DDJJ, es hoy material clave para los peritos.
La pata offshore: “Goformore”, fideicomisos y Miami
La dimensión internacional del caso brota de una investigación del equipo de la periodista Emilia Delfino (elDiarioAR) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) que rastreó documentos societarios en Florida, Delaware e Islas Vírgenes Británicas, además de archivos filtrados tipo Pandora Papers. Allí aparece que Diago está asociada a un fideicomiso y a varias compañías que, directa o indirectamente, compraron inmuebles en el sur de Florida por al menos USD 2,6 millones.
Por un lado se encuentra Goformore LLC, fundada en Florida en 2012. Diago figuró como manager inicial. Entre enero y septiembre de 2013, la sociedad compró unidades en Midtown Four y en el Harbour House de Miami Beach; sumó otra compra en el mismo complejo y, ya en 2015, una unidad en Iconbay. En una de las operaciones intervino una firma presidida por el hoy funcionario nacional Juan Pazo.
Luego existe la firma Ilustre LLC, constituida en Delaware en 2015; y Bonita Holding 39 LLC, una estructura que terminó controlando un departamento en el condominio Beachwalk, valuado en torno a los USD 650.000.
También aparecen Sunstar Point Ltd en las Islas Vírgenes Británicas. Según informes, fue activada para adquirir bienes en Florida; en la documentación Diago figura como beneficiaria final y declara como origen de fondos “ingresos de negocios”. A eso se le suma Warwick Trust, fundada en Florida en 2014. Se trata de un fideicomiso en el que Diago aparece como “grantor” y establece que, ante su incapacidad o fallecimiento, Ritondo asumiría la administración. Además, los hijos del matrimonio figuran como beneficiarios.
La denuncia sostiene que ninguna de estas participaciones ni los inmuebles asociados aparecen en las DDJJ públicas de Ritondo desde 2018. Es un punto sensible, ya que si bien los bienes del cónyuge están “reservados” en la versión pública de la OA, deben ser declarados y están disponibles para la Justicia y la UIF.
Bancos, UIF y la ruta del dinero R
A pedido del fiscal Taiano, distintos bancos enviaron reportes sobre productos a nombre de los investigados. Banco Provincia confirmó cajas de ahorro y tarjetas de crédito de Ritondo y Diago; Banco Santander informó cuentas operativas del diputado y de la constructora, mientras que Diago no aparecería como clienta activa allí. También se incorporaron reportes de la sociedad de inversión Inviu S.A.U., donde figuran cuentas comitentes abiertas el 9 de junio del 2023 por Diago, y el 10 de abril del 2024 por Ritondo. Además, Emprendimientos Rivadavia tiene una cuenta abierta dos días después que el diputado. La UIF también remitió información sobre sociedades inscriptas en Florida y Delaware vinculadas a Diago –Goformore LLC, Ilustre LLC, Bonita Holding 39 LLC– que ya forma parte del cuerpo principal del expediente. “Falta completar el mapa con datos del sistema financiero local y cruces tributarios”, indicó una fuente judicial.
Lejos de agachar la cabeza, el diputado salió a defenderse en público. “Estoy muy tranquilo, tengo todo en regla, tanto mi patrimonio personal como el de mi empresa. Investiguen lo que quieran, no van a encontrar ni una irregularidad”, dijo cuando el caso ya hacía ruido en Buenos Aires y en Pinamar.
Ritondo suele explicar que gran parte de su capital proviene de la desarrolladora familiar y de bienes heredados tras la muerte de su padre. En la causa, Rodríguez retrucó que los papeles muestran participación activa del legislador desde la fundación de la empresa y que el ritmo de construcción entre 2014 y 2019 “no paró de levantar torres en Buenos Aires”.
La imputación formal habla de presunto enriquecimiento ilícito de funcionario, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias, lavado, delitos contra el orden económico e incumplimiento de deberes. Esto, de acuerdo a la formulación fiscal, busca establecer si hubo incremento patrimonial injustificado a través del ocultamiento de bienes que no fueron declarados, así como los fondos y eventuales ventajas indebidas que habría aprovechado teniendo un cargo público.
Con la feria judicial que arrancó esta semana, en Comodoro Py esperan para agosto las nuevas respuestas de registros provinciales y entidades financieras, para poder cruzar datos duros con las declaraciones juradas y armar el rompecabezas. Si las valuaciones de mercado de los “Solares de Donato” y las operaciones en Florida no cierran con los números oficiales, podrían venir peritajes contables, exhortos internacionales, levantamientos de secreto bancario e incluso llamados a indagatoria que llevarían a Ritondo y a Diago a un procesamiento.
