El gobierno de Javier Milei comienza una semana clave en el camino reformista que pretende transitar a lo largo del año. Este martes se pondrá en marcha la constitución de las comisiones legislativas que deberán abordar la Reforma Laboral y el proyecto que propone la baja de la edad de imputabilidad, dos iniciativas centrales para los libertarios.
Luego de haber quedado en pausa durante el cierre del año pasado, el tratamiento del proyecto de Modernización Laboral -popularmente Reforma Laboral- finalmente comenzará en el Senado y tiene previsto su tratamiento en el recinto este 11 de febrero, en medio de un escenario de negociaciones abiertas y equilibrios frágiles en el Congreso.
Con el tic tac sonando cada vez más fuerte, La Libertad Avanza afronta el sprint final de una etapa de búsqueda de consensos con los bloques considerados “dialoguistas”, como el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Las conversaciones continúan incluso después de las reuniones que mantuvo el ministro del Interior, Diego Santilli, con distintos gobernadores en los últimos meses.
Del otro lado, las organizaciones sindicales y espacios políticos opositores expresaron un rechazo contundente. Desde ambos sectores, sostienen que la reforma “no genera empleo genuino” y que, por el contrario, avanza sobre derechos adquiridos por lo que durante estos días habrá expresiones en rechazo al proyecto.
El epicentro será el miércoles 11 a partir de las 15 horas cuando la CGT se concentre frente al Congreso para rechazar la iniciativa. La medida, que será acompañada por una movilización masiva, reunirá a sindicatos de todos los sectores.
La Reforma Laboral de Javier Milei
Tal como informó El Editor Platense, el proyecto de modernización laboral apunta a una revisión profunda del esquema vigente. Entre sus ejes centrales se encuentran la modificación del sistema de indemnizaciones, la creación de un Fondo de Cese Laboral a través de convenios colectivos, la reducción de cargas patronales para incentivar la contratación formal y la incorporación de la figura del “Colaborador Independiente”, bajo un régimen de autonomía sin relación de dependencia tradicional.
Además, la iniciativa incorpora el denominado “Banco de Horas”, un mecanismo de flexibilidad horaria que permite compensar excedentes de jornada en días posteriores, en lugar de pagar horas extras.
La baja de la imputabilidad, otro objetivo en el Congreso
En paralelo, el oficialismo busca avanzar con el proyecto de Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El texto establece un régimen especial que prioriza medidas socioeducativas y penas alternativas, elimina la posibilidad de reclusión perpetua y fija un tope de 20 años de condena para menores.
No obstante, el proyecto contempla que adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves puedan recibir sanciones similares a las de los adultos, con penas máximas de 15 años o más, aunque sin cumplirlas en cárceles comunes.
Para los delitos con penas menores a tres años, o de hasta diez años sin violencia grave, se prioriza un enfoque social y educativo, con medidas como la libertad asistida o la realización de tareas comunitarias, en reemplazo de la prisión efectiva.
Desde La Libertad Avanza aseguran que la iniciativa busca poner fin a la denominada “puerta giratoria” y sancionar delitos cometidos por menores de 16 años que, según argumentan, hoy quedan impunes bajo la ley vigente 22.278.