Patricia Bullrich anunció que el Protocolo Antipiquetes seguirá vigente, luego de que la Justicia acepte la apelación del Gobierno. "El orden no se negocia"
El Gobierno Nacional tiene otro motivo para brindar a fin de año, y es porque la Justicia concedió el recurso de apelación tras la anulación del Protocolo Antipiquetes, una de las principales iniciativas del Ministerio de Seguridad para controlar la protesta social. Patricia Bullrich y Manuel Adorni hicieron pública la noticia.
"Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende", informó la ex presidenta del PRO en sus redes sociales, y agregó que "el Protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia", remató.
La apelación fue presentada por el mileismo a través del área de Asuntos Judiciales del Ministerio de Seguridad, que cuestionó la sentencia dictada el 29 de diciembre y pidió expresamente que el recurso tenga efecto suspensivo, solicitud que fue aceptada por el magistrado de primera instancia.
Por su parte, el Jefe de Gabinete se limitó a mencionar el título de la buena nueva y enviar "saludos a todos".
El Protocolo Antipiquetes de Patricia Bullrich fue declarado nulo este lunes por la Justicia federal. Así lo determinó un fallo del juez Martín Cormick, a cargo de una causa en el juzgado 11, frente al reclamo de distintas organizaciones. En dos años, el protocolo causó 1.400 personas heridas por las fuerzas del orden.
El magistrado falló contra la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad, que Bullrich puso en marcha en diciembre de 2023. El protocolo establece que cualquier manifestación que interrumpa el tránsito constituye un delito en flagrancia, lo que habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta.
La acción colectiva pidió que se declare la inconstitucionalidad del protocolo al entender que atenta de manera directa contra el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, de petición y de reunión, garantizados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales sobre derechos humanos.
El juez sostiene también que con el pretexto de ordenar el tránsito y darle “instrucciones a la policía”, la resolución se excede tanto que llega a modificar el código penal y las leyes orgánicas de las policías.