El gobierno de Javier Milei promulgó este lunes la ley de Emergencia en Discapacidad, luego de que el Ejecutivo anule el veto presidencial
El Gobierno promulgó este lunes la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero al mismo tiempo anunció que su implementación queda suspendida hasta que el Congreso incluya los créditos presupuestarios y las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir los gastos que la norma demandará.
Esta decisión de la administración de Javier Milei fue formalizada a través del Decreto 681/2025 publicado en el Boletín Oficial y se ampara en el artículo 5° de la Ley 24.629 que establece que toda ley con erogaciones no previstas queda suspendida hasta tanto se incluyan las partidas necesarias. También se sustenta en el artículo 38 de la Ley 24.156 que obliga a precisar las fuentes de financiamiento.
El Gobierno subrayó que el Presupuesto 2026 ya fue enviado al Parlamento el 15 de septiembre, y será en ese ámbito donde se definan los recursos y partidas específicos que permitirán la ejecución efectiva de la ley.
Según los cálculos del Gobierno, la implementación de la nueva pensión para personas con discapacidad implicará un gasto de $2.166.985.900.000 en 2025, lo que equivale al 0,26 % del Producto Bruto Interno (PBI). Para 2026, el gasto ascendería a $4.706.628.500.000, es decir, el 0,47 % del PBI.
A estos números se deben sumar los costos del Programa Incluir Salud, que cubre a los titulares de pensiones no contributivas, con un gasto adicional de $574.200.000.000 para 2025 (0,07 % del PBI) y $1.239.266.000.000 para 2026 (0,12 % del PBI). Además, se contempla una compensación económica de emergencia para prestadores de servicios, que alcanza los $278.323.000.000 (0,03 % del PBI).
En total, la implementación de la ley demandaría un crédito presupuestario de $3.019.508.900.000, es decir, el 0,35 % del PBI. Este panorama es el que lleva al Ejecutivo a suspender la aplicación de la norma hasta tanto el Congreso precise de dónde saldrán esos fondos.
Recordemos que el Ejecutivo ya había vetado la ley en agosto, advirtiendo que una ampliación de prestaciones sin una planificación financiera adecuada "pone en riesgo la sostenibilidad integral del régimen de atención".
Según argumentaban en ese momento, sin una previsión presupuestaria, "se perjudica a las personas a quienes se pretende proteger". Sin embargo, el Congreso persistió en su sanción, y en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional, el Ejecutivo se vio obligado a promulgarla.