El Gobierno, a través del la Agencia Nacional de Discapacidad, analiza seguir recortando pensiones por irregularidades. Los detalles de la medida de Javier Milei
La motosierra del Gobierno no afloja
El Gobierno nacional de Javier Milei no afloja la motosierra. Mientras el Congreso avanzó con paquete de leyes para asistir a sectores sensibles, el Ejecutivo recortó más de 80 mil pensiones por invalidez laboral y no descarta elevar ese número a más de 200.000.
A través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Casa Rosada eliminó o suspendió más de 80.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral, lo que representa un ahorro mensual superior a los $23.143 millones para las arcas del Estado.
La auditoría comenzó en febrero y apunta a revisar el universo completo de pensiones: cerca de un millón de beneficiarios. Hasta el momento, 65.230 fueron suspendidas o dadas de baja por irregularidades, otras 8.207 personas renunciaron voluntariamente para evitar sanciones judiciales, y 6.643 titulares estaban fallecidos, aunque sus pensiones seguían siendo cobradas por familiares.
En total, 80.080 pensiones interrumpidas, cada una con un valor mensual estimado de $289.000 (compuesto por el 70% de la mínima más un bono de $70.000). La cuenta es clara: el Estado se ahorra más de $23 mil millones por mes.
Los motivos detrás de las bajas son variados. Desde faltas a las revisiones médicas hasta casos insólitos como la existencia de personas fallecidas que seguían cobrando por terceros; presos y prófugos con pensión activa; certificados truchos, como amputaciones inexistentes; y estudios médicos clonados presentados en más de un expediente.
Desde ANDIS, conducida por Diego Spagnuolo, defienden la medida: "Es una tarea de saneamiento y transparencia. Queremos que las pensiones lleguen a quienes realmente las necesitan".
La revisión se ampara en el Decreto 842/2024, que refuerza los controles y habilita cruces de datos con organismos como ANSES, AFIP, PAMI y el Poder Judicial. También permite suspensiones preventivas ante sospechas de fraude.
Las autoridades no descartan que el número de bajas se siga ampliando: hasta 250.000 pensiones podrían ser dadas de baja al finalizar la auditoría, si se mantiene esta tendencia.
Los datos oficiales revelan una expansión descontrolada del sistema en los últimos años. Las pensiones por invalidez pasaron de 80.000 en 2003 a más de 1.250.000 entre 2019 y 2023. El Gobierno actual apunta contra las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, donde —según sostienen— se habría utilizado el sistema con fines políticos.