Con el falló de la justicia de Estados Unidos, Argentina, por el momento, no entregará las acciones de la petrolera como pago
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió hoy la orden de la jueza Loretta Preska que dictaba que Argentina debería entregar el 51% de las acciones de YPF. En esta oportunidad, se estableció que el país podrá esperar la apelación por la entrega de acciones de la empresa sin entregar ni esos títulos ni otras garantías.
Cabe recordar que la defensa nacional recurrió a la Cámara de Apelaciones buscando que se mantenga en suspenso la transferencia de papeles de YPF, luego de una cautelar temporaria presentada a mediados de julio. De las opciones que tenía el tribunal terminó optando por la que más beneficia al país.
“El tribunal de apelaciones en el caso YPF ha decidido: aceptar la solicitud de Argentina, por lo que la orden del 30 de junio de 2025 queda suspendida mientras se resuelven las apelaciones y que el Gobierno de Estados Unidos presente sus documentos como 'amigo de la corte'", escribió en su cuenta de X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación, destacaron la medida firmada por Catherine O’Hagan Wolfe, secretaria del tribunal: "Esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos".
El juicio de YPF se inició en 2015, tres años después de la expropiación. Burford Capital, que se dedica a comprar derechos de litigios, es el principal beneficiario del fallo. El proceso no es por si la Argentina tenía derecho a expropiar o no la compañía, sino que es por no haber realizado la Oferta Pública de Adquisición que indica el estatuto de YPF.
Burford Capital había pedido en abril de 2024 el control de las acciones que, con este dictamen, le fueron otorgadas. Vale recordar que también habían solicitados embargos como muestra de "presiones para negociar", según detallaron fuentes del caso.
Este fondo compró los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa), y reclama una millonaria indemnización por supuestas irregularidades en el proceso de estatización, llevado adelante durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el cual contó con el aval de una ley del Congreso votada por amplia mayoría.
Es importante resaltar que en septiembre de 2023 se emitió una sentencia que obligó al país a pagar los 16.000 millones de dólares, por la forma en que se nacionalizó la petrolera al comprar el 51% de las acciones de Repsol. Ahora, es este el paquete accionario que se pretende que Argentina entregue a Burford, adquirido por el Estado nacional a la española Repsol, pero que actualmente permanece bajo control estatal.