La Cámara de Diputados de la Nación vota el proyecto de Ficha Limpia. LLA, el PRO y la UCR, claves para dejar fuera de competencia a Cristina Kirchner
La Cámara de Diputados de la Nación debate desde esta mañana el proyecto de Ficha Limpia. La Libertad Avanza contó con ayuda del PRO, la UCR y los provinciales para conseguir el quórum. De aprobarse Ficha Limpia, Cristina Fernández de Kirchner no podrá estar en ninguna boleta de las elecciones legislativas de este año.
A las 10:20 hs el Gobierno Nacional consiguió los 129 votos necesarios para iniciar el debate y comenzó la discusión en el recinto. El Presidente del cuerpo, Martín Ménem, prometió una sesión de no más de siete horas.
La clave para lograr los números necesarios estuvo en las modificaciones que el Gobierno de Javier Milei aceptó introducir en el dictamen de mayoría. En la nueva redacción de Ficha Limpia , se eliminó una cláusula propuesta por el ministro de Defensa, Luis Petri, que establecía plazos de vigencia para las sentencias, diferenciando entre años electorales y no electorales.
Otro de los cambios que se le hizo a la redacción original tiene que ver con el Artículo 2. La Cámara Nacional Electoral (CNE) será la encargada de llevar un registro público de la Ficha Limpia, en el que se incluirán las sentencias definitivas, sus posibles revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas decisiones.
La discusión sobre la reforma de Ficha Limpia generó un tenso momento luego de que el legislador Nicolás Mayoraz comenzara a leer los cambios aceptados por el oficialismo y el jefe de la bancada de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, intentara plantear una cuestión de privilegio.
Esta interrupción desató un intercambio de insultos y gritos entre los diputados de la oposición y el oficialismo, en especial con Menem. Martínez llegó incluso a enfrentar cara a cara al Presidente de la Cámara y le propinó varios insultos.
La propuesta establece que aquellas personas con condenas por corrupción en segunda instancia, quedarán inhabilitadas para ser candidatos o ejercer cargos en la Administración Pública Nacional.
Entre los delitos contemplados se encuentran fraude, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento.