A pesar del pataleo de La Libertad Avanza, la Marcha Federal Universitaria reivindicó a la política y exigió el cumplimiento de la Ley. Decide la Corte Suprema
La Marcha Federal Universitaria fue una marcha política
La Marcha Federal Universitaria de ayer fue una marcha política opositora. Así lo expuso, en tono de denuncia, el Gobierno de La Libertad Avanza; y así lo expresaron, también, millones de personas en todo el país, que le exigieron al presidente que cumpla la Ley de Financiamiento. La decisión, una vez más, en la Corte Suprema. Sí, es política.
La multitudinaria movilización en Plaza de Mayo -y replicada en las provincias- volvió a poner de relieve una conquista transversal de la sociedad argentina: el derecho a que cualquier hijo de trabajador tenga acceso a una Educación Superior Pública, Gratuita, y de calidad, sólo así, se podrá garantizar el desarrollo de la Nación. Una conquista política que cuenta el respaldo histórico del radicalismo, el peronismo y la izquierda, pero también de sectores de la sociedad sin identidad partidaria clara pero con la certeza de que el futuro del país depende de la educación que reciban sus hijos.
Hay otro sector, representado en este caso por el Gobierno nacional, que sostiene lo contrario: la Educación Universitaria no debería ser para cualquiera, hay que ganársela. O pagarla. Así se explica -más que por el equilibrio fiscal- las políticas que se vienen aplicando para el sector desde diciembre de 2023, y el consecuente desacato de una Ley votada, vetada y vuelta a sancionar con mayorías especiales.
Como bien explicó La Libertad Avanza en el comunicado emitido en la previa a la Marcha, "la semana pasada, en el marco de la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el Recurso Extraordinario Federal interpuesto por el Gobierno Nacional. Esta decisión implica que seguirá suspendida la medida cautelar, hasta tanto se expida la Corte Suprema de la Nación".
En criollo: el Gobierno ganó tiempo y quedó momentáneamente liberado de transferir los fondos reclamados hasta que el máximo tribunal decida. Y hacia ahí fueron las frases finales del discurso pronunciado ayer: que la CSJN "escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Ejecutivo nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario".
El máximo tribunal ya está en condiciones de darle tratamiento al expediente y a cada hora crecen las expectativas por lo que pueda ocurrir este jueves en la próxima reunión de acuerdos entre Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los cortesanos pueden rechazar el recurso sin tratar el fondo de la cuestión o avanzar hacia una sentencia definitiva. Si desestima la apelación oficial, quedará firme la resolución que obliga al Gobierno a transferir los fondos reclamados por las universidades.
La Ley de Financiamiento Universitario, que expresa la voluntad popular de sostener e invertir estratégicamente en un activo como la Educación Superior, recorrió todos los caminos políticos e involucra a los tres poderes del Estado, en otra muestra del carácter político de una disputa política, valga la redundancia.
La partidización que hace el Gobierno, pretendiendo ubicar el reclamo como un ataque directo a su gestión y no como una oposición clara a una política económica que trae más penurias que satisfacciones, no hace más que dejar expuesto al oficialismo, que quedó sólo en su rincón mientras todo el arco político le gritó en la cara que la cosa no va más.
Sí, fue una marcha política.