El gobierno de Javier Milei aanunció nuevos recortes presupuestarios. En ese marco, la Universidad Nacional de La Plata tendrá $ 1.043 millones menos
La Universidad Nacional de La Plata, la más afectada por la "motosierra" de Milei
En la previa de la Marcha Federal Universitaria se conoció la decisión del gobierno nacional de aplicar un nuevo recorte presupuestario. En ese marco, las casas de altos estudios son víctimas de la "motosierra" de Javier Milei y la Universidad Nacional de La Plata es la más afectada: $1.043 millones menos en transferencias de capital destinadas a obras e infraestructura.
Bajo el lema de las planillas oficiales, “2026 - Año de la Grandeza Argentina”, el Gobierno oficializó ayer lo que en la práctica representa un golpe demoledor a la inversión social. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, se autorizó una reestructuración presupuestaria que retira miles de millones de pesos de programas críticos de salud, educación y desarrollo provincial, consolidando una hoja de ruta donde el equilibrio fiscal se paga con la motosierra social.
En ese marco, en la Secretaría de Educación, el recorte asciende a $78.768 millones. La mayor contradicción oficialista aparece en el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288 millones en transferencias directas a las provincias.
La asfixia al sistema educativo se completa con la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente($8.929 millones), el mecanismo que garantizaba un piso salarial digno en las provincias con menos recursos, se retiraron más de $21.600 millones destinados a equipamiento y obras en escuelas de todo el país y el recorte en las trece casas de estudio nacionales sufrieron un recorte de $5.303 millones en infraestructura.
En lo que se refiere a las universidades hay un freno de obras de infraestructura por $5.303 millones, que afecta a distintas casas de estudio del país. En ese contexto, la Universidad Nacional de La Plata sufrirá una poda de $1.043.000.000, mientras que la de Avellaneda una de 700 millones de pesos. La Universidad Nacional de Río Cuarto, $680.500.000; la de Entre Ríos, $540 millones y la Universidad Nacional del Litoral, $500 millones.
Además la Universidad Nacional del Nordeste tendrá un recorte de $330 millones; la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la de José Clemente Paz, $300 millones, y la Universidad Nacional de Rafaela, $190.000.000.
Respecto a la Universidad Nacional de Córdoba, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) recorta 50 millones de pesos a la Casa de Trejo por transferencias para financiar gastos corrientes.
En la Casa Rosada sostienen que la Ley de Financiamiento Educativo no establece de dónde saldrían los recursos y que por eso incumple la Ley de Administración Financiera. Las universidades rechazaron esa interpretación, presentaron un amparo judicial y esperan una definición de la Corte Suprema luego de dos fallos favorables. El Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez afirmó que el Gobierno solo cumplirá con la Ley de Presupuesto y consideró que la norma de financiamiento quedó abstracta tras la sanción presupuestaria. Según el Ejecutivo, el costo de la iniciativa asciende a $1,2 billones.
En ese sentido, el Gobierno nacional definió como "claramente política" a la Marcha Federal Universitaria y vincularon la convocatoria con sectores opositores y cuestionaron la participación de dirigentes políticos y sindicales. "Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros lo podemos entender y está dentro del marco de la Constitución que cualquier sindicato puede reclamar una mejora salarial. Pero esta convocatoria está fuertemente influenciada por la política", sostuvo Álvarez
El funcionario también apuntó contra la presencia de referentes políticos y gremiales en la movilización. "Si fuera un reclamo puramente universitario, ¿por qué necesitás que actores sociales que no tienen una relación directa estén presentes? No, en las convocatorias te das cuenta de que es claramente política", agregó.
La Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por su parte, aseguró que el Ejecutivo no busca avanzar contra la universidad pública y remarcó la necesidad de controlar el destino de los fondos estatales.