Tras el caso de Kim Gómez que sacudió a todo el país y la ola de inseguridad que azota a la provincia de Buenos Aires, la oposición busca impulsar una reforma integral y actualización del Código Procesal Penal bonaerense. El senador del PRO, Alex Campbell, impulsó un proyecto de ley para crear una comisión bicameral que avance con reformas.
“Algo está fallando seriamente en el sistema, o mejor dicho, en muchas cosas. A lo largo de estos años tuvo una treintena de reformas, algunas de ellas significativas pero no caben dudas que la situación de extrema gravedad en materia de inseguridad demuestra que una reforma integral es sumamente importante”, esgrimió el legislador.
La intención del hombre que se muestra cada vez más cercano a las huestes liberales es crear una comisión bicameral, integrada por seis senadores y seis diputados, con el objetivo de elevar un proyecto de reforma del Código Procesal Penal bonaerense en un plazo máximo de 365 días.
“Desde esta Legislatura sin dudas se impone efectuar una revisión integral, con un profundo análisis del Código de Procedimiento Penal vigente, que responda a las demandas de la población y que cumpla en definitiva con su objetivo de determinar la responsabilidad por la comisión de delitos establecidos por el derecho sustantivo ”, expresó Campbell.
Desde la oposición se atan a las cifras para exponer la cruda realidad bonaerense. Según las últimas estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación, durante 2024 se denunciaron 128.477 robos en la Provincia de Buenos Aires. Es decir, un hecho de delincuencia cada cuatro minutos.
El PRO presiona con proyectos
Desde el partido amarillo impulsaron durante los últimos meses una serie de proyectos de ley para reformar el Código Procesal Penal bonaerense que no han avanzado dentro de la Legislatura. “No han merecido el debido tratamiento y el debate que la situación de inseguridad requiere”, insistió Campbell.
Una de las últimas iniciativas fue impulsada a principios de marzo por los senadores Marcelo Daletto (Cambio Federal) y Marcelo Leguizamón (PRO) con el objetivo de que los fiscales justifiquen por escrito cualquier decisión de liberar a un aprehendido.
La iniciativa contempla reformar el Artículo 161 del Código Procesal Penal y el Artículo 40 del Marco Regulatorio del Fuero Penal Juvenil. Según explicaron los legisladores, en la actualidad algunos fiscales ordenan la liberación de detenidos de manera oral y sin dejar registros formales, lo que facilita la impunidad y refuerza la percepción de "puerta giratoria" en la justicia penal.
“Proponemos que la facultad que tiene el fiscal de mantener o liberar al aprehendido sea fundada y firmada, para evitar que esa decisión se haga en forma telefónica como sucede en algunos casos en la actualidad”, sostuvo Daletto.