El Gobierno oficializó el DNU 366/2025 que endurece la política migratoria en Argentina. Las nuevas disposiciones para los extranjeros en el país
Le cobrarán la atención médica a los extranjeros
El gobierno nacional de Javier Milei, a través del DNU 366/2025, modificó la Ley 25.871, que regula la política migratoria en Argentina. La nueva normativa contempla el endurecimiento en las deportaciones y el acceso a la ciudadanía, además de habilitar el arancelamiento de la salud y las universidades a extranjeros.
El documento publicado este jueves en el Boletín Oficial precisa que “el Estado, en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario de los inmigrantes a las mismas condiciones de protección, amparo y derechos que los nacionales", aunque aclara que esto dependerá de la categoría migratoria de cada individuo. Esto incluye derechos sobre servicios sociales, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social.
En cuanto a la educación, el decreto asegura que "los extranjeros tendrán derecho, incluso si su condición migratoria es irregular, a ser admitidos en un establecimiento educativo, sea público o privado, en niveles inicial, primario o secundario". Además, las autoridades educativas deberán brindar orientación y asesoramiento para regularizar la situación migratoria de aquellos que lo necesiten.
No obstante, uno de los cambios más resonantes en este punto es la habilitación para arancelar las universidades públicas. La nueva normativa habilitó a las instituciones estatales a cobrar una retribución por los servicios de educación y aclararon que los extranjeros contarán con la posibilidad de acceder a becas que fueran ofrecidas por casas de altos estudios nacionales, otros estados y organismos nacionales e internacionales.
Respecto a la salud, el DNU establece que en casos de emergencia, "no podrá negarse el acceso a la asistencia social o sanitaria a los extranjeros, independientemente de su situación migratoria". Sin embargo, fuera de estos casos de emergencia, las instituciones de salud administradas por el Estado solo brindarán atención a los extranjeros que presenten un seguro de salud o paguen por el servicio, según las condiciones que defina el Ministerio de Salud.
Otro aspecto clave de la reforma se refiere a las categorías migratorias. Los extranjeros podrán ingresar y permanecer en el país bajo las categorías de “residentes permanentes”, “residentes temporarios” o “residentes transitorios”. La Dirección Nacional de Migraciones será la encargada de determinar la viabilidad de cambiar la categoría en que fueron admitidos los extranjeros, y podrá conceder autorizaciones de “residencia precaria”, válidas por hasta 90 días, las cuales pueden ser renovadas mientras se resuelve el trámite migratorio.
El decreto también establece que los extranjeros que deseen establecerse definitivamente en el país deberán solicitar la residencia permanente, para lo cual deberán demostrar que tienen los medios económicos para subsistir y que no tienen antecedentes penales que justifiquen un rechazo a la solicitud. De forma similar, los hijos de argentinos nacidos en el exterior serán considerados residentes permanentes, sin importar su lugar de nacimiento.
En cuanto a la reunificación familiar, el DNU contempla que los cónyuges, progenitores e hijos menores de 18 años (no emancipados) o con capacidades diferentes de argentinos o residentes permanentes podrán solicitar una residencia temporal de hasta tres años, prorrogable. La autoridad migratoria tendrá en cuenta los derechos establecidos por la ley para la reunificación familiar.
De acuerdo con la reforma migratoria, los extranjeros solamente estarán habilitados a ingresar por las fronteras oficiales, ya sea por medios terrestres, fluviales, marítimos o aéreos, pero deberán presentar una declaración jurada que explicite los motivos por los que llegan al país y un seguro de salud contratado.
Además, se determinó la prohibición de ingreso para quienes hubieran cometido un delito doloso contra la vida, la integridad sexual, los poderes públicos o el orden constitucional.
Con estos cambios, el gobierno deja en claro su intención de regular de manera más estricta la migración y la integración de los extranjeros en el país, mientras que también establece nuevas condiciones económicas y sociales que pueden modificar el acceso a derechos fundamentales como la salud y la educación.