Firmas en fotocopias y obras que nunca se hicieron, son solo algunas las fallas que presenta el proyecto y que podría desatar un escándalo. Los vecinos, furiosos
Lisandro Hourcade, intendente de Magdalena
El 15 de mayo de 2025, la Municipalidad de Magdalena, a cargo de Lisandro Hourcade, anunciaba el “Programa de acceso al gas para conexiones domiciliarias”, presentado como una oportunidad para que las familias pudieran conectarse al servicio de gas natural a bajo costo.
El convenio, firmado con el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de La Plata (STIAGAS) y la empresa Solobra Ingeniería, prometía instalaciones completas con materiales, mano de obra y tres bocas incluidas “sin costo adicional”.
“El acceso al gas está cada vez más cerca”, titulaba el comunicado oficial difundido por redes y medios locales. En los detalles, se informaba que los vecinos interesados debían abonar $600.000 más IVA por gastos administrativos —matriculación, planos e inspección— con posibilidad de pago en cuotas. Según el acuerdo, los fondos para las obras se tomarían del Fondo Especial para Obras de Gas (Ley 8.474).
La propuesta generó una fuerte expectativa: casi cincuenta familias se inscribieron en los primeros días, esperanzadas con la posibilidad de llegar al invierno con gas natural en sus hogares. Sin embargo, a más de cinco meses del anuncio, el panorama dista mucho del prometido. Solo tres viviendas finalizaron el trabajo de instalación y el resto de los beneficiarios reclama respuestas.
Desde la oposición y entre los propios vecinos comenzaron a acumularse denuncias por demoras, incumplimientos contractuales, pagos irregulares y falta de control municipal. Según la concejal de Unión por la Patria, Mirna Gurina, “la información oficial es prácticamente inexistente y hay familias que pagaron sumas importantes sin obtener ninguna respuesta”.
A comienzos de septiembre, Gurina presentó un pedido de informes en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) solicitando detalles sobre la ejecución del programa. El expediente fue rápidamente bloqueado en comisión por la mayoría oficialista, alineada con el intendente Lisandro Hourcade. Solo después de la intervención pública de la concejal, la secretaria de Gobierno, Greta López Dorao, reconoció que existían 46 inscriptos y tres obras en ejecución.
Lejos de conformarse, Gurina amplió su investigación. En la sesión del 1° de octubre pidió una moción de privilegio y expuso documentación, testimonios y capturas de contratos que, según explicó, muestran “una cadena de irregularidades que el municipio no puede seguir ignorando”.
Entre los datos revelados, la edil detalló que la nómina oficial de beneficiarios no coincide con la lista real de firmantes, que algunos contratos presentan la firma del titular de la empresa reproducida por fotocopia, y que no se acreditaron los certificados de capacidad técnica ni el registro de licitadores de la empresa adjudicataria.
Pero lo más llamativo surgió de los testimonios de los propios vecinos. Una de las denunciantes afirmó haber abonado la totalidad del monto exigido a una cuenta de una firma distinta a la contratista, Distribuidora Alunco Buenos Aires S.A., cuya actividad declarada ante la AFIP es la venta mayorista de bebidas alcohólicas. “Pagué toda mi jubilación para poder tener gas y nunca más aparecieron”, relató la vecina, según consta en la exposición de Gurina.
Otros testimonios dan cuenta de montos modificados sin justificación, pedidos de pago duplicados y obras que nunca comenzaron. “Hay vecinos a los que se les pidió un adicional porque sus casas estaban ‘retiradas de la línea municipal’, pero en algunos casos no era así. No hay un criterio técnico ni control”, sostuvo la concejal.
En base a la información recabada, Gurina calculó que el 63% de los beneficiarios no tuvo ningún avance en la obra, el 28% está en curso, y apenas el 9% tiene la instalación finalizada, aunque todavía sin inspección ni habilitación definitiva. En total, estimó que los vecinos habrían abonado más de 33 millones de pesos por obras inconclusas o directamente no iniciadas.
Las denuncias también incluyen la falta de seguimiento del municipio sobre el convenio firmado con Solobra Ingeniería, que establecía un plazo máximo de veinte días desde el inicio de las obras. “Tres meses después del acuerdo, sólo se habían hecho tres instalaciones completas. El municipio no fiscalizó ni intervino ante los reclamos”, advirtió la edil.
Desde entonces, el Ejecutivo local no volvió a pronunciarse. Ni el intendente Hourcade ni los funcionarios responsables del área brindaron nuevas explicaciones. Tampoco se conocen sanciones o revisiones del convenio con la empresa.
Mientras tanto, los 46 hogares que se inscribieron continúan esperando el gas que se les prometió hace cinco meses y que ya pagaron. “Las familias confiaron en un programa que se presentó con el respaldo del municipio. Hoy no tienen respuestas ni garantías de recuperar su dinero”, afirmó Gurina.
Con el invierno superado y sin obras a la vista, el programa que se anunció como un ejemplo de articulación entre el Estado local y los trabajadores del gas quedó bajo la sombra de la desconfianza. Los vecinos afectados reclaman transparencia o devolución de los fondos.
La expectativa inicial de un servicio esencial accesible se transformó en un caso que expone la fragilidad de los mecanismos de control municipal y la falta de rendición en el uso de fondos públicos. A pesar de la gravedad de las denuncias, el Ejecutivo municipal no brindó respuestas. Mientras tanto, 46 familias magdalenenses continúan esperando el gas que se les prometió hace cinco meses y que ya pagaron de su bolsillo.