El Gobierno de Javier Milei acelera la licitación de rutas nacionales y las privatizaciones de empresas claves como AySA, Enarsa y Belgrano Cargas
Corredores Viales, una de las empresas en la mira de Milei
El Gobierno nacional avanza con su plan de privatizaciones, un eje central de la estrategia de reforma del Estado de Javier Milei. Desde la aprobación de la Ley Bases, el Ejecutivo activó un amplio proceso para transferir al sector privado el control de empresas estatales y servicios públicos que tendrá en las próximas semanas movimientos claves.
Actualmente, se encuentran bajo análisis para su licitación empresas como Intercargo, Corredores Viales, AySA, Enarsa, Belgrano Cargas y las represas del Comahue. Según anticipan en el oficialismo, el objetivo es que estos activos estén licitados antes de que finalice 2025. A ellas se suman otras compañías contempladas en la Ley Bases, entre las que se destacan Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Trenes Argentinos.
La Agencia de Transformación de Empresas Pública, un organismo recientemente creado y encabezado por Diego Chaher, se encarga de liderar el proceso. “Todas están en un grado de avance”, afirmó Chaher en declaraciones recientes, aunque reconoció que las convocatorias a licitación se concretarían recién hacia finales de este año.
Mientras tanto, en el plano legislativo, se reactivó la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, un organismo clave previsto por la legislación vigente para controlar estos procesos. Tras una demora de casi dos años, el pasado 1º de octubre el Senado publicó el Decreto 83/25, firmado por su presidenta, Victoria Villarruel, completando finalmente la nómina de los 12 legisladores que la integran.
En el Senado, los representantes serán Carlos Espínola (Unidad Federal), Eduardo Vischi (UCR), Bruno Olivera Lucero (La Libertad Avanza), Juan Carlos Romero (Cambio Federal), y los recientemente designados Mariano Recalde y Juliana Di Tullio, ambos de Unión por la Patria. Por la Cámara de Diputados integrarán la comisión Victoria Borrego (Coalición Cívica), Florencia Carignano (UP), Pablo Cervi (Liga del Interior), Facundo Llano (LLA), Ana María Ianni (UP) y Diego Santilli (PRO).
Por tradición parlamentaria, la presidencia de esta comisión bicameral alterna entre las cámaras. En esta ocasión, debería recaer en un senador y, por las características institucionales del organismo, se estima que la conducción quede en manos de un representante de la oposición.
La demora en la constitución de esta comisión no estuvo exenta de tensiones políticas. En junio pasado, el senador Juan Carlos Romero (Cambio Federal) le reclamó al entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la paralización del cuerpo y las especulaciones de la Casa Rosada para frenar un espacio clave con un Congreso que no es favorable.
“Por demora del Congreso no hemos podido constituir la Comisión. Diputados envió a sus integrantes; el Senado también, y ya van casi dos años de mora. Me comentan que el bloque oficialista está pidiendo no constituirla por esa sensación de temor que a veces tiene el Poder Ejecutivo a que el Congreso funcione plenamente”, dijo.
Ahora, el oficialismo juega con la renovación del Parlamento para frenar el avance del organismo, mientras busca construir un escenario favorable. Con la comisión finalmente conformada, ahora el interrogante es sobre quienes serán sus miembros, puesto que cinco de sus doce integrantes concluirán su mandato el próximo 9 de diciembre. Esto obligará a renovar su integración y, eventualmente, redefinir la representación de los distintos bloques, lo que podría demorar nuevamente su funcionamiento efectivo.
“Nos llevó dos años armar esta comisión. En el camino, ellos (por el Gobierno) avanzaron. No podemos tardar lo mismo después de diciembre, porque van a privatizar todo y va a ser imposible de controlar”, alertó una fuente del bloque kirchnerista.
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones tiene la responsabilidad de solicitar información, formular observaciones, recomendaciones y emitir dictámenes sobre los procesos de venta de activos estatales. Además, trabaja de manera coordinada con la Auditoría General de la Nación, el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura General de Empresas Públicas, fortaleciendo así su rol como órgano de contralor del Congreso frente al avance del plan privatizador.