El proyecto impulsado por Nicolás Morzone propone que La Plata prohíba que las organizaciones y dirigentes intermedien en la distribución de planes sociales
La oposición denuncian un sistema de presión a través de los planes sociales
El concejal del PRO, Nicolás Morzone, presentó en el Concejo Deliberante de La Plata un proyecto para crear un “Régimen regulatorio para la entrega directa de beneficios sociales” otorgados por cualquier repartición del Ejecutivo municipal. La iniciativa propone continuar la línea de Javier Milei en la Nación.
“A los fines de la presente, entiéndase por beneficio social a cualquier asistencia, apoyo, servicio, bien o ventaja que la Municipalidad de La Plata asigne a individuos o grupos de la sociedad con el propósito de mejorar su bienestar y calidad de vida”, establece el proyecto que se conoció en las últimas horas y agrega que el régimen será aplicable a la entrega de cualquier tipo de ayuda, ya sea de carácter dinerario o en especie.
Además, prohíbe “la participación de terceros intermediarios, representantes de organizaciones sociales, y todo tipo de personas físicas o jurídicas de derecho público y privado, que sean ajenas a las autoridades estatales municipales, de los procesos de entrega de los beneficios sociales”.
No obstante, excluye de la prohibición “a aquellos beneficios sociales que, por sus características, son colectivos y por tanto, de imposible individualización de sus beneficiarios”.
Por último, la iniciativa del edil amarillo establece que el Ejecutivo deberá habilitar un canal “destinado a efectuar denuncias respecto a la participación irregular de terceros intermediarios a la hora de la entrega de los beneficios otorgados”.
Entre los argumentos, Morzone subrayó que el proyecto tiene como fin “evitar una posible discrecionalidad en las entregas y la tergiversación de sus fines legítimos".
“Actualmente, en muchas oportunidades los beneficios son otorgados y controlados a través de organizaciones sociales y/o políticas partidarias que se encargan de entregarlos a sus destinatarios finales, posibilitando el desvío del fin específico del beneficio otorgado, y consecuentemente vulnerando los derechos de las personas y familias destinatarias de tales beneficios”, sumó en la misma línea.
El opositor subrayó que esta metodología es utilizada como “instrumento de presión”. “El proyecto busca prescindir de la intervención de los terceros intermediarios a efectos de imposibilitar que sea utilizado como herramienta extorsiva sobre los beneficiarios, ya que a menudo se les exige como condición sine qua non para el otorgamiento del beneficio, determinados retornos económicos a las organizaciones en las que forman parte, como así también, que ejecuten actos que ponen en peligro la convivencia democrática”, concluyó Morzone.