Tras el pedido de los choferes, se recordaron casos de maltrato y violencia laboral, a cargo de la titular de Gestión y Empleo Público, Paula Verónica Ferraris
Paula Verónica Ferraris y Agustina Vila
Días atrás, El Editor Platense informó sobre un conflicto que tiene lugar en la Gobernación bonaerense, debido a que hay trabajadores que viven momentos de profunda incertidumbre, preocupación y desesperación, porque sus puestos de trabajo prenden de un hilo, incluso, estando en planta permanente.
Se trata de la situación que atraviesan Ezequiel Martínez y Cristian Regueiro, choferes de funcionarios que desde hace años, están sin cumplir funciones pese a que cuentan con todo en regla: licencia de conducir profesional y psicotécnicos, como así también el visto bueno de la Junta Médica que indica que no tienen contraindicaciones para no ejercer sus tareas.
Con 21 y 34 años de antigüedad, denuncian ser “ñoquis sin querer serlo”, debido a que sólo cumplen horarios o firman el ingreso y luego son enviados a sus domicilios porque no tienen tareas para ellos. El argumento: es una orden de Paula Verónica Ferraris, la subsecretaría de Gestión y Empleo Público, dependiente de la Secretaria General, Agustina Vila.
La mano derecha de la Secretaria General bonaerense, tuvo su primera denuncia pública en el año 2013, cuando trabajaba como secretaria de Coordinación y Cooperación Internacional en la Cancillería Argentina. En ese momento, Ferraris fue acusada de encubrir a su pareja, Héctor Hugo Merlo, también funcionario de la misma entidad, quien estaba señalado como racista, acosador laboral y perseguir políticamente.
En ese momento, el caso fue mediatizado pero aún así, la funcionaria realizó las gestiones necesarias para que las investigaciones siguieran su curso. Fue así que un año después, los trabajadores de la Cancillería realizaron una protesta para exigir respuestas ante los despidos arbitrarios y con una clara denuncia: acoso laboral. Los empleados acusaron a Ferraris como responsable de la violencia y la discriminación dentro de la institución, incluso, en esa oportunidad, los referentes de UPCN aseguraron que la mujer "demostró ser discriminadora y quien motoriza la violencia en el ámbito del trabajo".
Para el año 2016, las acusaciones contra Ferraris fueron más fuertes: junto con el entonces canciller, Héctor Timerman, fueron procesados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación a cargo del juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6 determinó que la funcionaria ordenó el traslado forzado de un trabajador a Nueva Zelanda, a pesar de su delicado estado de salud. Según la denuncia, esto fue un castigo por la militancia sindical del afectado. Como resultado del proceso, en octubre de dicho año se ordenó un embargo sobre los bienes y el dinero de Ferraris.
Otro caso que fue conocido e involucra a Paula Verónica Ferraris, fue el de Guillermo López, un hombre que fue despedido por "tener problemas en el habla" y por "ser paraguayo". Esto sucedió en mayo de 2023, cuando el trabajador del departamento de Automotores que depende de la misma, denunció haber sido víctima de discriminación. El hombre se desempeñaba como chofer y tiene un trastorno en el habla que se agrava en momentos de tensión, tanto él como fuentes a las que accedió El Editor Platense, afirmaron que sufrió burlas reiteradas por parte de Ferraris, quien también lo discriminaba por ser paraguayo.
Ante esto, el damnificado fue suspendido por 180 días, bajo el argumento de una supuesta "maniobra imprudente", pese a sus pedidos, no se le permitió defenderse. De esta forma, más allá del intento de despedirlo, tras la fuerte repercusión en el lugar, decidieron trasladaron a otra entidad municipal en el conurbano bonaerense.
A estos mencionados, ahora se le suma el conflicto que atraviesan los choferes oficiales desde hace varios años. El caso de López resuena en el lugar, sus compañeros lo plantean como un completo acto de injusticia, similar a lo que atraviesan Ezequiel Martínez y Cristian Regueiro.
Regueiro trabaja como chofer desde hace 34 años en la Gobernación, siempre trasladando a funcionarios, asesores y demás, cumpliendo con su labor de forma diaria. Desde octubre de 2022, cuando su hermano, “Lolo” Regueiro falleció en medio de la brutal represión policial en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata, Cristian comenzó un arduo camino en el pedido de justicia. Su cara empezó a estar en los medios y desde entonces, empezó a ser hostigado y perseguido.
Con la excusa de que se le vencía la licencia de conducir, lo suspendieron, pero, en palabras de testigos, “fue muy evidente que no era por eso, que el conflicto estaba en que salía en los medios y pedía justicia por su hermano”. Desde entonces, fue relegado a otra área, estuvo haciendo “mandados”, pero no volvió a realizar su trabajo de chofer, desde el departamento de Automotores no le brindaron respuesta alguna y, en este momento, sólo va a cumplir horario, no realiza ningún viaje.
Por otra parte está el caso de Ezequiel Martínez, chofer desde hace 21 años y que, en este momento, está pasando por una situación desesperante. En 2022 le realizaron un sumario y lo suspendieron durante un año, cuando volvió en 2023 no le permitieron entrar, estuvo sin poder trabajar desde entonces y, eso mismo le está pasando ahora. Llega, firma la entrada y se vuelve a su casa, no tiene auto para cumplir sus funciones ni directivas para realizar alguna tarea. “Somos ñoquis forzados”, destacaron al respecto.
Cabe mencionar que, como bien informó este medio en la semana, estos puestos actualmente están ocupados por conductores contratados, estarían bajo la órbita del Ministerio de Economía bonaerense y tendrían sueldos de funcionarios, cercanos a los tres millones de pesos.
En ese sentido, el reclamo no sólo se menciona la necesidad de volver a sus funciones, sino también para que se respete la experiencia. “Como máxima autoridad de la Secretaría General, se traslada con choferes sin antigüedad, sin estabilidad y que estarían contratados. Creemos que nuestra designación en dichos lugares contribuiría a optimizar los recursos humanos disponibles y así, garantizar una eficiente prestación del servicio. Esto, mencionando el ahorro económico que generaría en nuestra institución”, detalla la última carta presentada a Agustina Vila, el 6 de marzo de este año.