Este Día del Trabajador llega en un momento de máxima tensión en el mundo del empleo. Con la reforma laboral vigente, la CGT vuelve a la calle
Este primero de mayo no es un Día del Trabajador más en la Argentina de 2026. El mundo del empleo atraviesa un momento bisagra, con la irrupción de nuevas formas de trabajo y una reforma laboral vigente pero revisada en la Justicia. La CGT, de a poco, vuelve a las calles. El Gobierno, sigue adelante con su plan económico.
"Se vive como un día de lucha, muy lejos quedaron esos días de festejo, hoy están en juego todos nuestros derechos conquistados a lo largo de la historia y con compañeros que dieron la vida", sintetizó ante El Editor Platense el secretario general de la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de la República Argentina (FOEESITRA), y ex concejal de La Plata, Cristian Vander. El dirigente estuvo presente en la movilización que la CGT realizó el jueves en Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral y la defensa de los derechos de los trabajadores.
La Ley de Modernización Laboral, aprobada en el Congreso de la Nación con el voto de 135 diputados y 42 senadores, fue judicializada por la central obrera, que pidió la inconstitucionalidad de varias decenas de artículos. A partir de ahí, la Ley entró en una maraña jurídica.
El planteo recayó inicialmente en el Juzgado Nacional del Trabajo 63, donde el juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar innovativa el 30 de marzo. Esta resolución suspendió la vigencia de gran parte de la Ley de Modernización Laboral, argumentando que los cambios afectaban derechos fundamentales de los trabajadores y la libertad sindical.
La respuesta del Gobierno llegó con una doble maniobra: apeló el fallo en el fuero laboral nacional; y simultáneamente, acudió al Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 planteando una inhibitoria. El equipo de Javier Milei sostiene que, al tratarse de la impugnación de una Ley Nacional y un acto del Poder Ejecutivo, el fuero competente es el administrativo y no el laboral.
El 10 de abril, la jueza Macarena Marra Giménez aceptó el pedido, declarándose competente y pidiendo al juez laboral que se inhiba y le remita la causa. Sin embargo, una semana más tarde, el juez laboral rechazó desprenderse del caso, generando un conflicto positivo de competencia que ahora debe resolver una instancia superior.
Ante la vigencia de la cautelar que frenaba su reforma, el Poder Ejecutivo interpuso el 15 de abril un per saltum ante la Corte Suprema de Justicia. El Estado argumenta que existe una "gravedad institucional" extrema, ya que un juez de primera instancia ha suspendido una ley del Congreso Nacional.
La última novedad llegó el 23 de abril, cuando la Sala VIII de la Cámara del Trabajo, ante una queja del Estado, decidió otorgar efecto suspensivo, con lo que la medida cautelar que frenaba la ley quedó en pausa. Mientras la Justicia termina de decidir quién es competente o si la ley es constitucional, la reforma laboral vuelve a estar vigente.
La decisión de pasar la causa de la Justicia Nacional Laboral a los tribunales porteños se encuadra en un proceso de achique en el Poder Judicial que muchos miran con preocupación. La intención del Gobierno es disolver el fuero laboral, en el marco del ajuste económico que lleva adelante como bandera de gestión. "Muchos empleados del fuero laboral, que laburan un montón, porque aparte imaginate que es uno de los fueros que más causas tiene, bueno, se van a quedar sin laburo y va a nombrar jueces el poder de turno, con lo que eso implica", contó a este medio un abogado laboral consultado.
Tanto el especialista como Vander coinciden en que la reforma laboral "es inconstitucional, porque no hay una sola mejora para los trabajadores. Y una ley laboral tiene que ser progresiva, tiene que ampliar derechos, no recortarlos". Sin embargo, para el Gobierno es una de las "reformas estructurales" planteadas como ejes innegociables de gestión, junto a la reforma tributaria y la previsional.
Con esas herramientas, la administración libertaria promete que dará vuelta una realidad que cada vez aprieta más: según el INDEC, la tasa de desempleo se ubicó en 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, y la pobreza alcanzó al 28,2% de la población (segundo semestre 2025), aunque la Universidad Católica la ubica en torno al 36%. El consumo cayó 1,3% interanual en marzo de 2026; el 56% de los hogares se endeuda para cubrir gastos básicos; el 48% no llega a fin de mes y la mora en créditos alcanzó 8,8%, el máximo desde 2010. El dato central: el PBI creció pero empujado por sectores con reducida capacidad de generación de empleo. Así, la informalidad laboral ya se ubica en torno al 40%.
Esos datos, amenazantes para un Gobierno que hizo de la eficiencia económica un estandarte -por no hablar de la parte moral del asunto- tienen en estado de alerta a gran parte de la población, que a esta altura de los acontecimientos, hace malabares para sobrevivir. “Nosotros queremos estar trabajando, ordenando y llevando soluciones a la gente. Pero este escenario nos empuja a un nivel de conflicto que no es el que queremos", advirtió Vander.
"En estos casos la Justicia no tiene plazos para expedirse sobre el fondo, por lo que puede tomarse los años que quiera para resolver la constitucionalidad o no de la Ley". explicaron a este medio fuentes judiciales. En ese sentido, el dirigente de la CGT platense añadió: "El proceso judicial va a ser largo y complicado. Esperamos que los jueces sean responsables y tomen decisiones a favor del pueblo trabajador, y no como los legisladores que levantaron la mano en contra de quienes los votaron. La historia y la ciudadanía los van a juzgar", sostuvo.
Mientras la central obrera apuesta por la vía judicial, tampoco descartan medidas de fuerza: "Si la Justicia le da la razón al Gobierno, la única herramienta que nos queda es la lucha histórica: ganar la calle. Nuestras luchas siempre estuvieron en los puestos de trabajo y en la calle, y eso es lo que tendremos que profundizar", anticiparon.
El Día Internacional de los Trabajadores, que se conmemora cada 1° de mayo, tiene su origen en una de las luchas más emblemáticas del movimiento obrero moderno: la pelea por la jornada laboral de ocho horas.
Todo comenzó en Chicago, en 1886. En ese momento, los trabajadores podían cumplir jornadas de hasta 14 o 16 horas diarias. Frente a esa situación, sindicatos y organizaciones obreras impulsaron una huelga para exigir un límite claro: “ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de ocio”.
El 1° de mayo de ese año, miles de trabajadores salieron a las calles en distintas ciudades de Estados Unidos. La protesta se extendió durante varios días y tuvo su punto más álgido el 4 de mayo, en la revuelta conocida como el Revuelta de Haymarket. Durante una manifestación, una bomba explotó frente a la policía, lo que derivó en una fuerte represión. Hubo muertos y detenidos, y varios dirigentes sindicales fueron juzgados en un proceso cuestionado por su falta de garantías.
Tras esos hechos, ocho trabajadores fueron condenados. Cinco de ellos fueron ejecutados, convirtiéndose en símbolo de la lucha obrera. Se los conoce como los Mártires de Chicago, y su figura quedó asociada para siempre al 1° de mayo.
En Argentina, la conmemoración comenzó a fines del siglo XIX, impulsada por inmigrantes europeos que trajeron consigo las tradiciones sindicales. En 1890 se realizó la primera conmemoración en el país, y desde 1947, el 1° de mayo es feriado nacional.
En la Argentina liberal libertaria, y a 140 años de los sucesos de Chicago, el Día del Trabajador vuelve a tener la impronta de sus raíces.