A través de un decreto, el Gobierno nacional estableció que los ciudadanos argentinos mayores de 18 años podrán ser considerados legítimos usuarios de armas. Esta decisión, que actualiza una norma de 1975, fue hecha en consonancia con la reforma del Código Civil de 2009, en la que se estableció la mayoría de edad en los 18 años.
La modificación responde a un cambio de enfoque sobre la edad adulta y los derechos inherentes a la misma, porque, según argumentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “a los 16 años los argentinos ya tienen el derecho de votar; a los 18, pueden ir a la guerra, formar una familia o incluso ser miembros de una fuerza de seguridad. Además, pueden optar por un cambio de sexo, que los marcará de por vida”. Frente a esto, planteó la pregunta de “¿por qué no permitirles también ser legítimos usuarios o portadores de armas?”.
"Durante años, nadie se animó a tomar esta decisión. Nosotros no dudamos", afirmó la Ministra, haciendo énfasis en la necesidad de actualizar las leyes acorde a la realidad actual. En esa línea, indicó que esto se da en el mismo momento que “desmantelamos las bandas narcoterroristas y enfrentamos al crimen organizado”, por lo que “los ciudadanos de bien deben poder acceder a las armas para protegerse".
Desde el Ejecutivo destacaron que esta medida responde al compromiso de “hacer realidad el derecho de los argentinos a vivir en libertad y garantizar su seguridad". Con esta normativa, el Gobierno busca equilibrar la necesidad de protección personal con la lucha contra el crimen organizado, ofreciendo a los ciudadanos mayores de 18 años la posibilidad de acceder a las armas, dentro del marco de la legalidad y conservando el respeto por la seguridad pública.
Cabe recordar que anteriormente la obtención de la Credencial de Legítimo Usuario (CLU) se podía tramitar a partir de los 21 años. Se trata del primer paso para luego solicitar la tenencia de un arma que permite tenerla en el domicilio, transportarla descargada y usarla para fines como caza o tiro deportivo en lugares autorizados. También mantiene la obligación de contar con una ficha limpia, por lo que los ciudadanos no podrán comprar un arma si tienen antecedentes penales.
Esta medida no afecta a la portación de las mismas, la cual permite llevarla cargada y lista para usar en un lugar público, uso exclusivo para los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, ya que el decreto no aclaró nada distinto al respecto. El artículo en cuestión establece además una serie de requisitos que se deben cumplir para la portación de armas, como el no tener “anormalidades psíquicas o físicas que incapaciten al peticionante”, la acreditación de datos personales bajo dependencia policial, y “la no existencia de antecedentes policiales o penales”.
Es importante mencionar que no se podrá acceder a un arma de un día para el otro, pero sí se simplificarán los trámites. Van a tener que obtener primero el CLU, después, van a poder ir a comprar un arma y ahí le van a dar la tenencia. Además, para circular tendrán que hacerlo con el certificado que indica qué arma se adquirió. Desde la cartera de Seguridad hicieron énfasis en la necesidad de actualizar el régimen de trámites para poder “tener un registro de armas transparente, completo y con procesos modernos”, debido a que se estima que en la actualidad hay más de 800.000 armas de fuego bajo tenencia irregular.
Otro punto que se establece es la extensión por cuatro años del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, con el objetivo de que las personas puedan entregar las suyas de forma voluntaria y anónima para que sean destruidas. Con esto, se protege a los usuarios de tener futuros problemas legales por no tener las autorizaciones pertinentes.
Estas medidas generaron opiniones cruzadas entre la ciudadanía, desde posiciones a favor ante la crecida de la inseguridad y la necesidad de defenderse, hasta comunicados que expresan que este decreto es un peligro para la población. Desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, se pararon de ese lado, advirtiendo que según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, anualmente se registran en nuestro país cerca de 3000 muertes y más de 10.000 heridos por las armas de fuego, y sobre ello, mencionaron que “la mayoría de los que matan y mueren son varones jóvenes de entre 15 y 30 años y el 75% se producen en situaciones de conflictos interpersonales, accidentes y suicidios”.
Por lo tanto, alertaron: “Estas cifras podrían incrementarse a partir del decreto aprobado por el Gobierno nacional que desconoce el impacto letal que contiene”. Además, sostuvieron que el argumento de que la mayoría de edad es suficiente para habilitar el acceso a las armas de fuego es “falaz y carece de fundamento serio”.
Martín Angerosa, miembro cofundador de la Red Argentina para el Desarme e integrante del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed), por otro lado, también mostró su preocupación con esta disposición, al expresar que puede incrementar “el riesgo de suicidios en un sector etario particularmente vulnerable, ya que el 30% de los que ocurren en jóvenes de 18 a 24 años son con armas de fuego”.
“Son muertes evitables, y esta medida sólo amplía las posibilidades de tragedias que podrían prevenirse”, destacó y consideró que se está abriendo “el mercado legal a 1.500.000 potenciales compradores jóvenes, pero el verdadero beneficiado es el negocio por detrás: fabricantes y comerciantes de armas. En este mercado hay ganadores y perdedores, y los perdedores son los jóvenes”.
Por último, Angerosa habló de la necesidad de que el Estado sea responsable en este tema porque “la sociedad argentina no quiere vivir en un país armado. No queremos ser responsables de nuestra propia seguridad; para eso están los profesionales que pagamos con impuestos”.