El Senado de la Nación aprobó el proyecto que busca otorgarle un aumento presupuestario a las universidades nacionales. El mismo contaba con media sanción en Diputados y ya se sabía que no tendría el aval del oficialismo porque, tal como argumentan, implicaría poner en riesgo el tan ansiado superávit fiscal.
A las pocas horas de que la Cámara Alta sancionara el nuevo financiamiento universitario, el presidente Javier Milei, adelantó que el mismo, será vetado. Lo hizo a través de un posteo que había hecho el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, donde mencionó que “la última palabra” respecto a la medida, la tenía el mandatario y fue así que el Presidente le respondió que aplicará un “veto total”, a la misma.
Es importante destacar que esto se da en un contexto de profunda crisis en las Universidades, debido a que no sólo está en juego el funcionamiento general de las distintas facultades, sino también el salario de los docentes, nodocentes y becarios. A partir de esto, las diferentes unidades académicas llevaron adelante a lo largo del año distintas medidas de fuerzas como paros, movilizaciones, clases abiertas y jornadas de visibilización para concientizar y reclamar al respecto, motivo por el cual, se aceleró el pedido de esta ley de Financiamiento, para que las universidades puedan continuar su curso.
Con 57 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención, se aprobó el incremento a los recursos para que las Universidades nacionales puedan garantizar su normal funcionamiento y sus trabajadores, cobren sueldos dignos. Vale resaltar que el visto bueno fue dado por Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, bloques federales y sólo dos senadores del PRO. Por su parte, los negativos fueron aportados por siete legisladores de La Libertad Avanza y tres del PRO, partido que también dio la abstención.
Con esta medida el Poder Ejecutivo tiene la obligación de actualizar cada dos meses las partidas de presupuesto de acuerdo al índice de inflación. El mismo se utilizará para cubrir los gastos no sólo de funcionamiento y sueldos, sino también para investigación, proyectos de extensión y becas.
Esta ley, tal como informó la Oficina de Presupuesto del Congreso, implicaría un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, equivalente al 0,14 % del PBI, el cual tendría que actualizarse desde enero de 2024 en retroactivo, hasta el 31 de diciembre de este año.
De esta manera, todos los meses se aumentarían los salarios de docentes y nodocentes, de acuerdo al costo de vida. Esta metodología sólo se desestimará si hay un acuerdo entre docentes y las autoridades de cada unidad académica.
Al igual que sucedió con la reforma jubilatoria, Javier Milei ya anticipó que esta ley será vetada, porque “atenta contra el equilibrio fiscal”, si eso sucede, la oposición intentará insistir con el proyecto.
Esto se da en el marco en que el oficialismo logró ratificar el veto a la movilidad jubilatoria, pero no pudo evitar que se rechazara el DNU que otorgaba fondos reservados a la SIDE, ni tampoco la sanción de esta ley, por lo cual, es a partir de esta medida del Presidente, los bloques opositores buscarán volver a debatirlo.
Si bien todavía no se presentó formalmente el veto, si lo hace, los Diputados deberá esperar diez días para tratarlo nuevamente y realizar las modificaciones pertinentes para que la ley salga y no sea desestimada después. Cabe mencionar que la misma puede ir directamente al recinto o ser deliberada previamente en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación. Esto último será lo que la oposición buscará evitar, dado que las mismas son encabezadas por legisladores de La Libertad Avanza y del PRO, e intentarán dilatar el tratamiento del veto.
De igual manera, tendrán ese tiempo para trabajar en reunir los dos tercios de los votos necesarios para rechazar el veto. Y en esto, se abre una pregunta clave y es qué hará la UCR, dado que en primer lugar, es un proyecto impulsado por ellos pero también, al momento de la votación, rechazado por algunos senadores.