Luego de aprobar en general el reformado proyecto de Ley Bases que envió el Gobierno nacional, la Cámara de Diputados de la Nación debate en particular los ocho capitulos del megaproyecto liberal. Hasta el momento, los legisladores aprobaron las facultades extraordinarias a Javier Milei , el apartado de privatizaciones y la reforma laboral.
En primer turno, la Cámara baja aprobó con 134 votos afirmativos, 117 negativos y una abstención el capítulo de facultades delegadas para el presidente Javier Milei. En el marco de la votación en particular de los capítulos de la reformulada Ley Bases, los legisladores aprobaron el texto que declara "la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año" y además delega en el Poder Ejecutivo nacional "las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia".
Entre las facultades que se habilitaron a Javier Milei están las de intervenir organismos descentralizados -salvo Universidades y organismos que dependan de la Administración personal- por lo que podrá disolverlos. El listado de organismos que no podrán suprimirse se amplió durante el debate e incluye, entre otros, al CONICET, el INCUCAI, el Instituto Malbrán, la ANMAT y el INCAA. Si bien la oposición reclamaba sumar otros, como el Instituto del Teatro y el Banco Nacional de Datos Genéticos, no logró hacerlo. Asimismo, el Jefe de Estado podrá modificar y eliminar Fondos Fiduciarios.
El escrito aprobado determina que el Ejecutivo deberá informar "mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos".
En tanto, en las disposiciones finales se aclaró que "los decretos dictados en ejercicio de las facultades delegadas por el Congreso de la Nación en la presente ley, estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100, inciso 12 de la Constitución Nacional".
Los legisladores nacionales aprobaron el apartado de privatizaciones, el cual obtuvo 138 votos a favor, 111 en contra y 2 abstenciones en el recinto. Este punto en particular habilita la privatización de empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo.
Además plantea la venta parcial de dos firmas más que relevantes en sectores claves de la economía argentina, que son Nucleoeléctrica Argentina SA y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio.
Asimismo, se establece una serie de empresas a ser concesionadas por fimas privadas, como es el caso de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA), Correo Oficial de la República Argentina SA, Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) y Corredores Viales SA.
El capítulo de reforma laboral, que está incluido en el título V del proyecto en cuestión, fue aprobado en la Cámara de Diputados con un total de 140 votos afirmativos, 111 negativos y una abstención.
Se trata del apartado que introduce un régimen especial para empresas con hasta cinco empleados, que ahora serán considerados como “trabajadores independientes”. En tanto, esta reforma laboral incluye también la creación de un fondo de cese, el cual sustituye a las indemnizaciones y promueve las extinciones penales, la condonación de deuda y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.
En el debate de los puntos en particular se dio luz verde al capítulo que deroga la moratoria para jubilados y que además crea una nueva prestación para las personas que no tengan los años de aportes necesarios.
Vale mencionar que, en reemplazo de dicha moratoria, se propone crear la Prestación de Retiro Proporcional para las personas que hubieran alcanzado los 65 años de edad y que no cumplan con el requisito de 30 años de servicios con aportes.
Los legisladores también aprobaron la reforma de ley de la recuperación de YPF, que determina que los hidrocarburos que la empresa produce dejarán de ser de interés nacional, y además tampoco serán prioritarios para el abastecimiento interno. En tanto, asimismo, la modificación permite que no haya límites para la exportación y habilita la desregulación de precios.
De igual manera, con esta modificación se incluye también la unificación de las entidades encargadas de regular el sistema energético: ENARGAS y ENRE, que serían reemplazados por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.
En el recinto se dio visto bueno también a la creación del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), el cual busca promover el ingreso de “grandes inversiones” a través de maquinarias e insumos para las empresas.
Asimismo, con esto se le obliga a las empresas nacionales a presentar balances en dólares y además el régimen da un fuerte revés al gasto tributario del Estado, ya que permite las importaciones de equipamiento usado abonando 0% de derechos de exportación, impuesto a las ganancias y otros tributos.