El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió al Senado el proyecto de Ley para Reformar la Caja Jubilatorias de los trabajadores del Banco Provincia, que la exgobernadora María Eugenia Vidal logró aprobar en una encendida discusión en 2017. La intención del mandatario provincial es reunir el respaldo oficialista y opositor para aplicar modificaciones a la norma que hoy está suspendida por la Justicia bonaerense, tras varias demandas iniciadas por el gremio de La Bancaria.
El primer paso del largo camino que deberá afrontar el tratamiento se dio días atrás con la reunión que encabezaron el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCBA), Daniel Fernando Soria; la Vicepresidenta Hilda Kogan; el Ministro Sergio Torres; y el Procurador General, Julio Conte Grand, junto a los senadores María Rosa Martínez (UxP), Marcelo Leguizamón (PRO) y Agustín Máspoli (UCR), y representantes del Ejecutivo bonaerense.
Tras el cónclave, el Ejecutivo envió a la Cámara alta de la Legislatura el mismo proyecto que intentó impulsar en 2022, pero perdió estado parlamentario. Entonces, el documento prosperó en comisiones pero no logró tratarse en el recinto por falta de quórum y terminó quedando a medio camino.
En síntesis, la medida de Kicillof busca modificar la Ley 15.008 para que la edad jubilatoria vuelva a establecer el límite de 60 años para las mujeres y mantiene los 65 años para hombres. Actualmente, la ley de Vidal mantiene a ambos en 65 años.
También, plantea que las jubilaciones debían volver a calcularse al 82% del promedio actualizado de las remuneraciones percibidas durante los 120 meses anteriores al cese, cuando en la ley de Vidal se ordena hacerlo al 70%.
Por otro lado, introduce un aumento al aporte de los trabajadores activos del 14% a 16%, de los jubilados del 10,82% a 12% y de la patronal del 21% al 29%.
Un dato relevante es que el giro del texto se da luego de que la Suprema Corte le reclame a los legisladores que aprueben una nueva iniciativa a raíz de la lluvia de acciones judiciales que pesan en la Justicia, impulsados -en su gran mayoría- por el gremio de La Bancaria que cuestionaron legalmente la norma y obtuvieron medidas cautelares favorables.
La oposición
Hace dos años, la Provincia de Buenos Aires atravesó un escenario similar. Presionado por la Corte Suprema ante la judicialización de la medida aprobada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, la administración de Axel Kicillof impulsó un proyecto para poder modificar lo que entendían como un perjuicio para las y los trabajadores de la institución.
Si bien -en esa oportunidad- el terreno estaba allanado para que se apruebe con el apoyo de todos los bloques, una decisión conjunto del expresidente Mauricio Macri y la propia María Eugenia Vidal echó para atrás el voto positivo del PRO y truncó la ley. Aunque los radicales mostraban predisposición a votar la iniciativa, finalmente también se plegaron al proceder del PRO.
Actualmente, Kicillof cuenta con los votos seguros de Unión por la Patria, Frente Renovador y dialoguistas, por lo que está obligado a negociar con aquellos que en 2022 le dieron la espalda. En consecuencia, será clave el posicionamiento que tome la oposición ya que desde el oficialismo pretenden que el proyecto avance tal como está, mientras que algunos sectores como el radicalismo anticiparon que será difícil que camine si se mantiene tal cual fue redactado en 2022, aunque podrían respaldar el documento si se aplican modificaciones. El PRO, por el contrario, se muestra más duro.
El bloque que responde a calle 6 ya agendó reuniones con estos espacios para intentar cosechar las adhesiones necesarias que le permitan aprobar los cambios sobre la ley.
El presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Agustín Maspoli, dijo que sigue teniendo una postura similar a 2022, que no acepta la derogación, aunque se mostró abierto a trabajar en modificaciones para cumplir con la solicitud de la Corte bonaerense. En tanto, desde LLA mostraron su descontento por la falta de convocatoria a la discusión junto a los miembros de la Corte advirtieron que "el proyecto del kirchnerismo se encamina a otro fracaso legislativo".
“Si es el mismo texto del año pasado, será un no rotundo, pero esperaremos”, señalaron desde el PRO, el sector opositor más duro en la discusión. “Nos hubiese gustado que haya diálogo, hay muchas fuerzas políticas, con nosotros no han hablado, podríamos haber trabajado en una mesa conjunta”, cuestionó el senador platense Marcelo Leguizamón.
