El Gobierno se prepara para afrontar una semana clave en el Congreso de la Nación, en donde buscará avanzar con dos proyectos claves para el próximo año: el Presupuesto y la Ley de Ficha Limpia.
Mañana será el turno de la discusión en comicios de la ley de leyes presentada por el presidente Javier Milei días atrás. El oficialismo intentará darle dictamen con apoyo del PRO, UCR y los bloques federales en Diputados, aunque todo dependerá de los gobernadores, que reconocen el ajuste de las partidas presupuestarias pero prefieren un proyecto aprobado a darle rienda suelta a los decretos.
Sin embargo, aún faltan detalles que acordar. En caso de no obtener el apoyo necesario para que avance la Ley, el Gobierno volverá a prorrogar el Presupuesto 2023 y actualizará partidas por decreto.
En el marco de las negociaciones, el Ejecutivo estaría dispuesto a eliminar los artículos que suspendían la ley de Financiamiento Educativo y de Ciencia y Técnica, como así también aplicar cambios por ejemplo, en “la regla fiscal”.
A pesar de eso, uno de los puntos que frenan el avance es la falta de acuerdo con las provincias por el saldo de deudas con las cajas previsionales, la coparticipación del impuesto a los combustibles y la financiación de la Compensación del Pacto Fiscal de 2017, entre otras cosas.
Ficha Limpia
Otro de los grandes objetivos del oficialismo y sus aliados del PRO es avanzar con la Ley de Ficha Limpia que podría dejar a Cristina Fernández de Kirchner afuera de una hipotética candidatura, luego de que Casación ratificara la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad.
El proyecto se tratará el miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados. Para que se convierta en ley debe ser aprobado por una mayoría agravada de 129 votos en la cámara baja y 37 en el Senado.
La iniciativa establece que no podrán ser candidatos a cargos electivos aquellos ciudadanos que tengan una condena en segunda instancia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.