El ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, afronta los momentos más álgidos de su gestión, jaqueado por un supuesto esquema de corrupción vinculado a las fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Las recientes denuncias contra el funcionario provincial impulsaron la investigación de la Justicia Federal de Campana y la Justicia Penal de La Plata.
“La investigación (sobre fotomultas) comenzó con la denuncia de un particular en la cual distintos funcionarios, principalmente de la administración provincial, y específicamente del Ministerio de Transporte, valiéndose del acceso de un sistema informático administrativo -que tiene como finalidad la centralización de las infracciones de tránsito-, actuaron en connivencia con gestores y con terceros, ajenos a la dependencia”, reveló el fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, al ser consultado sobre la acusación.
La Justicia avanza en la recopilación de información para dar con los detalles del procedimiento denunciado. El presunto modus operandi consistiría en captar a automovilistas con multas y ofrecerles saldarlas a un 50%. Esa ganancia, se sospecha, era repartida por los gestores a los funcionarios que facilitar el procedimiento.
Según la denuncia de Secutrans, una compañía que provee tecnología para las fotomultas, las prácticas fraudulentas habrían generado una caída en su recaudación de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales. Este dato evidencia la magnitud del presunto desfalco y el impacto sobre las finanzas públicas.
Por otro lado, en Campana investigan irregularidades en las concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Sebastián Desio, empresario ligado políticamente a D’Onofrio, es señalado por obtener contratos con concesionarias de VTV para proveer servicios tecnológicos. Estos contratos incluían un cobro del 8,5% más IVA sobre las tarifas de cada inspección.
La sospecha radica en que, tras estos acuerdos, las concesionarias beneficiadas eran oficializadas mediante resoluciones del ministerio de Transporte. La trama de la VTV ha derivado en una causa paralela en el Juzgado Federal de Campana, donde se investigan posibles delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.