La autorización judicial otorgada a Mariano Hernán Cianis para salir de prisión y rendir un examen universitario en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) reavivó el reclamo de familiares de víctimas y organizaciones que exigen sanciones más severas para quienes cometen delitos sexuales contra menores.

En ese contexto cobró visibilidad la denominada "Ley Rocío", una iniciativa impulsada por la diputada bonaerense Viviana Aguirre, madre de una joven abusada por Cianis, que propone elevar las penas para abusadores, violadores y homicidas de menores hasta un máximo de 100 años de prisión efectiva.

No obstante, el proyecto todavía no fue presentado formalmente ante el Congreso de la Nación y, por el momento, constituye una propuesta destinada a instalar el debate sobre la respuesta penal frente a este tipo de delitos.

Qué establece la denominada Ley Rocío

El proyecto "Ley Rocío" lleva el nombre de la joven que denunció a su abusador, Hernán Cianis, y rinde homenaje a las víctimas de abuso sexual, violación y violencia extrema contra niños, niñas y adolescentes.

En su artículo segundo establece que el objetivo de la norma es fortalecer la protección de la infancia y garantizar sanciones especialmente severas para quienes cometan delitos sexuales contra menores y homicidios agravados. También propone que estos procesos sean juzgados mediante juicios por jurados, con carácter público y televisación completa por parte del Estado.

En su artículo segundo establece que el objetivo de la norma es fortalecer la protección de la infancia y garantizar sanciones especialmente severas para quienes cometan delitos sexuales contra menores y homicidios agravados. También propone que estos procesos sean juzgados mediante juicios por jurados, con carácter público y televisación completa por parte del Estado.

Uno de los puntos centrales aparece en el artículo tercero, donde se plantea la posibilidad de imponer penas de hasta 100 años de prisión efectiva para delitos de abuso sexual agravado con acceso carnal, violación de menores de edad, explotación sexual infantil y homicidio agravado de niños, niñas y adolescentes.

El artículo cuarto establece que las personas condenadas por esos delitos no podrán acceder a ningún beneficio que implique reducción de la pena o acortamiento del tiempo de detención.

A su vez, la iniciativa prevé la creación de un Registro Nacional de Condenados por Delitos Sexuales contra Menores, cuya implementación quedaría sujeta a una futura reglamentación.

El texto también incorpora medidas de asistencia para las víctimas y sus familias. En ese sentido, propone que el Estado garantice acompañamiento psicológico, médico, social y jurídico gratuito.

Finalmente, establece la obligación de desarrollar campañas permanentes de prevención, detección temprana y promoción de denuncias vinculadas con delitos sexuales contra menores.

En los fundamentos, Aguirre sostiene que la iniciativa surge a partir del reclamo de familiares y ciudadanos que consideran insuficientes las sanciones actuales para los delitos más graves contra la infancia.

"La sociedad exige que los responsables de violaciones, abusos sexuales y homicidios agravados reciban castigos ejemplares y efectivos, que garanticen la protección de las víctimas y eviten nuevos daños", señala el texto.

El proyecto también menciona el debate sobre la pena de muerte que suele surgir tras hechos de extrema gravedad, aunque reconoce expresamente que existen límites constitucionales y compromisos internacionales asumidos por la Argentina que impiden su aplicación.

Los obstáculos legales y constitucionales

Más allá del reclamo social que impulsa la propuesta, especialistas coinciden en que varios de sus puntos requerirían profundas modificaciones normativas y podrían enfrentar cuestionamientos constitucionales.

El aspecto más discutido es la incorporación de condenas de hasta 100 años de prisión. Actualmente, ese tipo de penas no existe en la legislación argentina y su implementación demandaría una reforma integral del Código Penal.

Además, el sistema jurídico argentino se encuentra atravesado por principios constitucionales que establecen límites al poder punitivo del Estado. El artículo 18 de la Constitución Nacional dispone que las cárceles deben ser utilizadas para la seguridad y no para el castigo de los detenidos, mientras que los tratados internacionales de derechos humanos incorporados con jerarquía constitucional en 1994 reconocen como finalidad de la pena la reinserción social de la persona condenada.

En ese contexto, numerosos constitucionalistas sostienen que las penas que, en los hechos, eliminan cualquier expectativa de recuperar la libertad pueden entrar en tensión con esos principios y ser objeto de planteos de inconstitucionalidad.

Otro de los puntos que podría generar controversia es la prohibición absoluta de beneficios penitenciarios. Actualmente la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad contempla un sistema progresivo de cumplimiento de condena, sujeto a evaluaciones judiciales y penitenciarias. La eliminación total de esos mecanismos para una categoría determinada de delitos podría derivar en cuestionamientos ante los tribunales.

La transmisión obligatoria de todos los juicios también presenta dificultades. En causas por abuso sexual infantil suelen intervenir derechos vinculados a la intimidad, la protección de las víctimas y la reserva de información sensible, especialmente cuando se trata de menores de edad.

A ello se suma otro aspecto técnico: el texto difundido por la legisladora no contiene modificaciones concretas al Código Penal ni especifica cuáles serían las reformas necesarias para incorporar penas de 100 años dentro del sistema jurídico argentino.

Por ese motivo, aun cuando la iniciativa fuera presentada formalmente ante el Congreso, su eventual tratamiento abriría una discusión profunda sobre los límites constitucionales del endurecimiento de las penas y la compatibilidad de esas reformas con los compromisos internacionales asumidos por el país.

El caso Cianis y el origen del reclamo

La discusión volvió a tomar fuerza luego de que la Justicia autorizara a Mariano Hernán Cianis a salir de la Unidad Penitenciaria N° 1 de Olmos para rendir el examen final de Derecho Social del Trabajo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.

Cianis fue condenado en 2019 a 15 años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra. La causa se inició en 2014, cuando la víctima denunció abusos reiterados sufridos desde los cinco años de edad.

Tras conocerse la acusación, el hombre permaneció prófugo durante dos años en Brasil hasta ser detenido en 2016. Finalmente fue juzgado y condenado, con una pena cuyo vencimiento está previsto para julio de 2031.

La autorización para asistir a la facultad provocó una inmediata reacción de familiares, allegados a la víctima y agrupaciones estudiantiles, que convocaron a una manifestación frente al edificio universitario para expresar su rechazo a la medida.

En paralelo, denunciaron que el condenado habría intentado volver a contactar a la víctima desde prisión mediante un teléfono celular al que habría accedido dentro de la unidad penitenciaria. Según indicaron, las capturas de pantalla de esos mensajes fueron incorporadas a una presentación judicial.

La palabra de Viviana Aguirre

Viviana Aguirre, impulsora de la iniciativa y madre de la joven abusada por Cianis, sostuvo que la movilización social fue determinante para visibilizar el caso y cuestionó duramente la autorización judicial otorgada al condenado.

"La gente acompañó, por suerte, para que el pedófilo no vuelva. Ahora estamos trabajando para que se cumplan los 100 años de condena y también para debatir la pena de muerte en Argentina, porque la verdad que es un desastre lo que está pasando", afirmó.

La legisladora también expresó su preocupación por las condiciones de seguridad previstas para el traslado del condenado.

"Fue terrible. Tengo videos de que el tipo se pudo haber escapado tranquilamente de la facultad porque al lado del aula donde iba a rendir hay una puerta que está sin llave. Tranquilamente se podía haber escapado mientras la policía lo esperaba por otro lado. Ellos no pueden entrar a la facultad, lo tienen prohibido", sostuvo.

Por último, aseguró que durante la jornada existió temor respecto de lo que pudiera ocurrir.

"Menos mal que tomamos cartas en el asunto urgente con todos los medios de comunicación y el abogado de mi hija. Fue un trabajo muy tedioso porque estábamos asustados, no sabíamos los resultados. Si no actuaban como corresponde, podría haber sido una tragedia", concluyó.