Tras la masiva marcha de ayer en defensa de la educación pública, el presidente Javier Milei firmó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario que fue publicado este jueves a primera hora en el Boletín Oficial.
A través del Decreto 879/2024, el Ejecutivo oficializó la medida que ya había sido adelantado por la Casa Rosada y, entre otros argumentos, expresó que el documento aprobado por el Congreso es “violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
En la misma línea, subraya que dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso “dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas” de la Argentina, ya que “significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo”.
“La responsabilidad asumida por el Poder Ejecutivo es lograr el equilibrio fiscal, mantenerlo a largo plazo y cuidar los escasos recursos con los que cuenta el Estado Nacional, restablecer el orden de las cuentas públicas y estabilizar la macroeconomía”, suma el documento entre sus argumentos.
Además, Milei dedicó un párrafo contra los legisladores que aprobaron la iniciativa al subrayar que deben “actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”.
La publicación de la medida había sido anticipada ayer a última hora a través de una publicación de la Oficina del Presidente. “Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025”, precisaron en ese mismo texto.
Y sumaron: “El Gobierno reafirma su compromiso con las Universidades Nacionales, al igual que con la defensa del esfuerzo que cada uno de los argentinos viene realizando desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica”.
La Casa Rosada había manifestado que la postura respecto a la ley que buscaba asegurar pisos mínimos de financiamiento de la educación pública superior tendría la misma determinación que la adoptada con el proyecto que buscaba aumentar las jubilaciones: ser vetada.
De todas maneras, el Gobierno iba a analizar los efectos generados por la masiva marcha al Congreso que involucró a diferentes integrantes de la sociedad, incluso a muchos de los votantes de Milei. La Casa Rosada le atribuyó motivaciones políticas, al remarcar la participación de los dirigentes de la oposición.
"El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente. Esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política", precisó.
Por último, señaló: "Esta administración no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables, ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios. El objetivo del Gobierno es claro: terminar con el modelo empobrecedor de los últimos 100 años y volver a hacer a la Argentina grande otra vez".