La Justicia rechazó una demanda de la titular de Remax Arena y ratificó que la intermediación inmobiliaria es una función indelegable del corredor matriculado
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda de Mar del Plata, resolvió rechazar la demanda promovida por Gilda Flora Clauso, titular de Remax Arena, en el marco de una causa caratulada por “Cumplimiento de contratos civiles y comerciales”, que marca un precedente de trascendencia para el ejercicio del corretaje inmobiliario en la Provincia de Buenos Aires.
“Las funciones esenciales de la intermediación inmobiliaria deben ser entendidas como eminentemente personales e indelegables, por lo que no puede ser encomendada a un dependiente, ni menos todavía a un tercero extraño, en este caso, los mal denominados ‘agentes’”. El fallo remarcó que el accionar desplegado por la parte actora violaba de manera evidente la Ley provincial 10.973, particularmente el artículo 53 inciso k, que prohíbe al profesional facilitar su nombre para que terceros no habilitados ejerzan la actividad.
Desde el Colegio de Martilleros de la Provincia, señalaron que el accionar de la denunciante se evidencia también en su página web, donde “dice una cosa y hace absolutamente la contraria, mintiendo deliberadamente a los visitantes del sitio y potenciales clientes”.
La alusión se refiere a que en el sitio institucional de la firma se afirma que “todas las operaciones inmobiliarias son objeto de intermediación y conclusión por parte del corredor público inmobiliario colegiado a cargo”. Esto, según afirmaron desde la entidad colegiada, “es falso, porque no cumplió con esa exigencia”.
El presidente del Colegio de Martilleros de La Plata, Guillermo Saucedo, explicó que el juicio comenzó cuando una martillera “aprovechándose de su título” abrió un local de Remax en Mar del Plata y contrató “de forma totalmente ilegal a personas para ofrecer propiedades que los llaman ‘Agentes’”. “Tras la venta de una propiedad, reclamó sus honorarios y la Justicia fue clara: los que ofrecían la casa no estaban habilitados por el Colegio de Martilleros”, insistió.
La resolución judicial subraya que para que un profesional pueda percibir honorarios por intermediación inmobiliaria debe estar inscripto en el Colegio departamental correspondiente, contar con título universitario habilitante, y haber intervenido directamente en la operación. “La intervención personal del corredor no puede ser suplida”, advirtió la Cámara.
El fallo también califica como “fraude a la ley” el uso del término “agente inmobiliario” por parte de las franquicias, señalando que “tras la máscara de comportamientos aparentemente lícitos (o presentados como tales), se promueven resultados, prácticas o estados de cosas expresamente reprobados por el ordenamiento jurídico”.
Asimismo, se observa que tareas como estudios de factibilidad, tasaciones, estudios de títulos y pedidos de informes “son trabajos reservados al corredor público” y no pueden ser realizados por personas ajenas a la matrícula. En este sentido, se advierte que el Estado delega en los colegios profesionales la potestad de controlar y disciplinar el ejercicio del corretaje, y que la actuación por fuera de este esquema implica quedar fuera del radar institucional.
“No sólo desenmascara una práctica que se ha expandido a través de franquicias, sino que además sienta jurisprudencia nacional en defensa del ejercicio profesional legítimo, legal y transparente”, expresó Saucedo y añadió que el fallo “es insoslayable” para futuros conflictos.
“En la Provincia de Buenos Aires, el corretaje inmobiliario solo puede ser realizado por un Martillero y Corredor Público con título universitario expedido por Universidades reconocidas, y que además se encuentre inscripto en alguno de los Colegios Departamentales”, cerró.
Desde el Colegio de Martilleros de La Plata señalaron que ya trabajan para presentar este fallo como antecedente en múltiples causas abiertas en la región. En la ciudad, también se detectaron oficinas que funcionan bajo estructuras similares.