El intento de realizar auditorías a personas con discapacidad en un local comercial sin condiciones mínimas generó indignación en Magdalena. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) había designado como sede un negocio de artículos ortopédicos, lo que fue repudiado por familias y referentes locales. Tras la reacción de los vecinos en redes, las evaluaciones fueron finalmente trasladadas a la del PAMI, advirtió Ana Clara Romano, referente de Madres y Padres TEA
El ajuste del gobierno nacional en políticas hacia las personas con discapacidad tuvo una nueva consecuencia, esta vez en el municipio costero ubicado al sudeste de La Plata. El miércoles 25 de junio, la Municipalidad de Magdalena informó el domicilio designado por la ANDIS para las auditorías, sin brindar mayores detalles sobre sus características. Al día siguiente estalló la indignación, al conocerse que se trataba de Medicinal Magdalena, un modesto local de ortopedia, rehabilitación e insumos médicos, que no reúne las condiciones de espacio, equipamiento o accesibilidad necesarias.
“Es muy grave que la documentación y datos personales de muchas personas con discapacidad estén en manos de un supuesto auditor en un salón de ventas de productos ortopédicos. Es una modalidad que la ANDIS viene aplicando en otras localidades: llegan e improvisan una especie de oficina”, agregó Romano, quien también forma parte de la campaña Hablemos de Autismo.
Luego de que el tema se viralizara en redes sociales, la Municipalidad de Magdalena emitió un comunicado en el que aclaraba que la gestión local no había tenido injerencia en la elección del lugar.
Preocupación en las familias de Magdalena
Madres y Padres TEA (por Trastorno del Espectro Autista) es una agrupación que brinda acompañamiento, asesoramiento y ayuda a familias sobre autismo en particular y discapacidad en general. Desde hace años realizan una importante tarea de concientización, organizando actividades y campañas comunitarias.
El jueves 26 de junio emitieron un comunicado oficial en el que expresaron su “profunda preocupación y desconcierto ante la reciente decisión de la ANDIS de llevar a cabo las auditorías en un local comercial privado, alejado de las oficinas estatales”.
“Nos preocupa enormemente que las familias deban acercarse a un espacio privado con toda su información personal sensible. ¿Quién garantiza la protección y confidencialidad de esos datos? Esta decisión arbitraria revictimiza a las personas con discapacidad y sus familias, quienes ya enfrentan múltiples desafíos. Una pensión no contributiva es un derecho, y el proceso para obtenerla no debería sumar obstáculos ni situaciones de inseguridad”.
Tras el revuelo generado, el viernes 27 la Oficina de Discapacidad municipal informó que la ANDIS había designado un nuevo lugar para las auditorías: la sede local del PAMI, ubicada a metros de la plaza principal del pueblo, con instalaciones más adecuadas para este tipo de evaluaciones.
