La Universidad Nacional de La Plata se suma a las jornadas de lucha impulsadas por CONADU, en reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario
Aulas vacias en la UNLP
Marina EspecheLa Universidad Nacional de La Plata (UNLP) continúa este miércoles con doble jornada de protesta, impulsada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). El eje del conflicto es la decisión del Gobierno de no poner en práctica la Ley de Financiamiento Universitario, ya sancionada por el Congreso y rechazada por el presidente Javier Milei.
Ayer, la Asociación de Trabajadores de la UNLP (ATULP) realizó una jornada de protesta sin asistencia a los lugares de trabajo que afecto el normal dictado de clases en las unidades de la UNLP y las tareas administrativas de la Casa de Estudios.
Este miércoles, se concretará un paro total impulsado por la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (ADULP) en el nivel universitario que afectará a todas las facultades y colegios de la UNLP
La medida dispuesta por ADULP se inscribe en el plan de lucha nacional definido por el Plenario de Secretarías Generales de CONADU, que resolvió un cese de actividades de 24 horas como respuesta al incumplimiento del Ejecutivo.
El Gobierno promulgó ayer la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica, que habían sido vetadas por el presidente Javier Milei pero luego el Congreso anuló la medida presidencial. Sin embargo, la administración libertaria anunció que su implementación queda suspendida hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento.
A través de los decretos 759/2025 y 760/2025 publicados este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno promulgó ambas iniciativas, pero en el mismo documento resolvió suspender la ejecución de ambas normas hasta tanto el Congreso determine las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación. Una estrategia similar ya había sido aplicada con la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada semanas atrás.
Según se detalla en los considerandos de los decretos, las leyes permanecerán "suspendidas en su ejecución hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere".
De esta manera, el Gobierno traslada al Congreso la responsabilidad de definir el esquema de recursos que permita aplicar las leyes, una decisión que se proyecta hacia la discusión del Presupuesto 2026.