Una denuncia por supuestas irregularidades en el pago de las fotomultas abrió una caja de pandora que involucra a altos funcionarios del gobierno de Axel Kicillof. La causa madre tiene varias líneas de investigación, que no solo tramitan en la Justicia de La Plata y otras ciudades del interior de la provincia, sino también en el fuero federal. A medida que avanza la pesquisa y se va tirando del hilo, van descubriendo cómo funciona la supuesta trama de corrupción.
La ruta del dinero que salía del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires recorría varios caminos. Según las sospechas del fiscal Álvaro Garganta, se movía plata en negro que se repartía entre al menos 16 personas, actualmente imputadas en La Plata por múltiples delitos, como fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho y exacciones ilegales agravadas.
La causa fue iniciada por Héctor Raúl Macchi, un hombre de 70 años que en octubre del 2023 se presentó de manera espontánea en la sede de Fiscalías y lanzó una bomba que en poco tiempo se instaló en todos los medios locales y nacionales. El hombre pidió que se investigue al organismo dirigido en ese momento por Jorge D’Onofrio y reveló maniobras ilegales que se habrían llevado a cabo desde al menos enero de 2022. Meses después, lo llamaron a ratificar la denuncia.
Según pudieron establecer los investigadores con la declaración de Macchi, los funcionarios del Ministerio de Transporte habrían aprovechado su acceso a SACIT (Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito) para manipular de forma irregular las deudas por multas.
¿Cómo funcionaba? Un grupo de gestores ofrecía a los conductores reducir sus multas hasta en un 50%. La mitad de ese dinero iba a parar a bolsillos de empresarios y jueces, que cobraban una especie de “peaje”. Más allá de las sospechas, el expediente se engrosa a medida que pasan los días y en menos de dos años se descubrió que esta causa es apenas la punta del iceberg.
La licitación de la VTV bajo la lupa y el rol de CECAITRA
En mayo de 2023, empezaron a detectarse irregularidades en el proceso de adjudicación de concesiones para la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Siete empresas habrían pagado comisiones excesivas (un 8,5% más IVA) a una firma llamada Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., que tendría vínculos societarios con funcionarios del Ministerio de Transporte provincial. Entre los señalados, aparece el nombre de Sebastián Desio, vinculado además con el inmueble donde hoy funciona la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, ubicada en la esquina de la Gobernación.
Otro de los puntos fuertes de la investigación apunta contra la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA). Esta entidad habría estado facturando montos millonarios provenientes de infracciones captadas por un centenar de cinemómetros ilegales.
Según pudo averiguar este medio, CECAITRA firmaba convenios con distintos municipios, tanto del conurbano como del interior de la provincia. El problema es que muchos de esos radares no estaban homologados y no contaban con autorización. De los 1.404 dispositivos autorizados en la provincia, al menos 155 no tenían el certificado de conformidad técnica.
A pesar de eso, se usaban para generar multas a los conductores de manera fraudulenta con los que CECAITRA habría facturado directamente a personas sin pasar por los organismos oficiales. Al parecer, contaba con la complicidad de las comunas y los Juzgados de Faltas, lo que abre dos posibles "rutas del dinero": una a través de los municipios y otra a través del sistema judicial.
La causa menciona a 16 personas, entre exfuncionarios y empresarios. Algunos de los nombres destacados además de Desio son el de Jorge D’Onofrio, exministro de Transporte, acusado de partícipe necesario por fraude y cohecho. Fuentes judiciales informaron a El Editor Platense que no está procesado todavía y tampoco fue llamado a indagatoria.
El motivo es que el fiscal esperará colectar todos los elementos probatorios para incluirlos a un expediente al que califican como voluminoso. Kilos y kilos de fojas están siendo adjuntadas en la causa mientras se escribe esta nota. Por eso, para que los tiempos de la Justicia no lo presionen, Garganta deberá tener lista las pruebas contra el exministro para citarlo a declarar.
Uno de los más complicados es Mario Quattrochi, exjuez de Faltas de La Plata, acusado como autor del delito de fraude a la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito agravado por ser funcionario público. A su “mano derecha”, Claudia Pombo, expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar, le imputan los mismos hechos pero en carácter de partícipe necesario. Ambos habrían formado sociedades fantasmas en España, más precisamente en Málaga, hacia donde habrían desviado los fondos de las arcas públicas.
También están mencionados Pablo Javier Sanguinetti, ex titular de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial; Tomás Uthurriague, exfuncionario de la Dirección de Informática; Ariel Morosini, Evangelina Guerra y Martina Risso, empleado administrativo del Juzgado de Faltas.
En el expediente figuran además los empresarios Martín Serrano (VTV Norte S.A.), Germán Neuss (VTV Sur), Leonardo Sclafani (VTV Noroeste), Germán Rebolo (SGS) y Juan Manuel Funes Bige (CIASA), todos señalados como autores de cohecho activo. Por último, quedó involucrado Bernardino García, presidente de CECAITRA, también acusado por su rol en la facturación irregular.
El juez Juan Pablo Massi ya libró órdenes para notificar a todos los implicados y avanzar con las declaraciones. Además, se está analizando una enorme cantidad de pruebas que surgieron a partir de allanamientos que se hicieron en la sede de CECAITRA en la localidad de Boulogne, como informes técnicos, audios, testimonios, presentaciones oficiales y hasta una denuncia anónima.
Las universidades en la mira
Por fuera de la causa principal que se instruye en la Justicia de La Plata, una línea paralela de la investigación pone la lupa sobre convenios firmados entre 11 municipios, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la UTN con sede en La Plata. Se investiga el presunto desvío de $1.900 millones durante 2024 a través de un esquema que involucraría a esa casa de estudios y a las empresas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., proveedoras del servicio de fotomultas.
La hipótesis es que la universidad actuaba como intermediaria para canalizar pagos en negro a estas firmas, cuando en realidad la normativa exige que los municipios abonen directamente a los prestadores. Entre las jurisdicciones involucradas figuran La Matanza, San Isidro, Roque Pérez, Olavarría y General San Martín, entre otras. En principio, la ciudad de La Plata no aparece mencionada.
La investigación apunta a que ni la UNSAM ni la UTN serían proveedoras registradas, ni tenían un rol técnico comprobable en el proceso, ya que las cámaras eran aportadas por las propias empresas. Según la denuncia, esto viola el Régimen de Contrataciones del Estado, que prohíbe subcontrataciones en servicios como seguridad, logística o salud cuando se trata de convenios entre organismos públicos.
Las últimas semanas, la Justicia Federal allanó las oficinas de Secutrans y Tránsito Seguro, la UTN y también avanzó con una orden de presentación en la sede de la UNSAM, donde se secuestró documentación relevante.
