Jueces penales bonaerenses rechazaron bajar la edad de imputabilidad

Los magistrados cuestionaron las políticas públicas actuales del Gobierno para las infancias vulnerables

El Editor Platense | Luis Vigazzola
Por Luis Vigazzola
13 de febrero de 2024 - 11:56

En medio del debate social que genera la decisión de bajar la edad de imputabilidad de delitos, con el fin de que adolescentes dejen de participar en robos y más, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires mostró su rechazo a la medida.

A través de un comunicado destacaron que la normativa propuesta es “simplista” y “desacertada”. A su vez, expusieron su “gran preocupación que, desde la perspectiva de los derechos de la niñez, ha habido un preocupante retroceso”

Expusieron que “la dificultad que conlleva proponer modificaciones de dicho tenor sin hacer referencia a los recursos económicos que, las políticas públicas en la materia, deben asignar para la reconfiguración del sistema de infancia. Y se puso de relieve, asimismo, que aún no se habían adoptado medidas adecuadas para garantizar plenamente el principio de corresponsabilidad, que debería vincular a todos los organismos del Estado de Derecho en el marco de un sistema de promoción y de protección integral de derechos”.

Resulta de profunda inquietud el advertir que existe una cierta convergencia, en algunos sectores políticos, para avanzar aisladamente sobre la idea de bajar el piso de la punibilidad de los adolescentes, incluso a los 14 años, siendo ello una decisión todavía más regresiva, en términos de libertad, que la propuesta realizada en el año 2019”.

Asimismo, llamaron a la reflexión “para que el recurso de la reforma legal, con el solo objetivo de bajar la edad de imputabilidad, no se presente frente a la sociedad como la única y mejor respuesta frente al delito cometido por jóvenes infractores a la ley, porque a ciencia cierta sabemos positivamente que esa no es la solución”.

La Red trajo al debate la carencia de políticas públicas de infancia y adolescencia que sirven para abordar los conflictos sociales juveniles:

Y más concretamente: ¿Cuál es el programa alimentario que existe desde el Estado para satisfacer las necesidades más elementales de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país? ¿Cuáles son los índices de deserción escolar y cuáles son las medidas propuestas para promover su inserción en el sistema escolar? ¿Cuáles son las políticas de salud tendientes a tratar de manera efectiva las situaciones de consumo problemático de sustancias tóxicas en los niños y jóvenes? ¿Existen suficientes comunidades terapéuticas para afrontar esta creciente problemática? ¿Cuáles son los programas de acompañamiento terapéutico desplegados de manera continua y efectiva a través de los Servicios Locales o Zonales de Promoción y de Protección de Derechos que permitan garantizar la escucha de los niños, niñas y adolescentes?”.

Los magistrados destacaron lo “delicado” que es la reducción de la edad de punibilidad sobre jóvenes que están en vulnerabilidad, “quienes por su inmadurez todavía están en plena etapa de crecimiento y evolución personal, no puede realizarse de manera simplista, sin tener en cuenta la necesidad de contar con una legislación racional que sea el producto de una política pública integral, capaz de dirimir los casos de delincuencia juvenil, con enfoque de derechos, conforme prevé la Convención sobre los Derechos del Niño”.

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