A más de seis de la desaparición y muerte de Johana Ramallo, el juez federal 1 platense, Alejo Ramos Padilla hizo lugar al pedido impulsado por cuatro fiscales que intervienen en la causa y ordenó elevar a juicio oral a ocho personas acusadas de integrar una organización criminal que operaba en la “Zona Roja” de La Plata al momento de la última vez que fue vista con vida.
El magistrado hizo lugar al pedido de las fiscales María Laura Roteta, a cargo de la Fiscalía Federal Nº 1; Mariela Labozzetta, de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM); María Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex); y Patricia Cisnero, fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
Según precisaron fuentes judiciales, irán a juicio oral Carlos "Cabezón" Rodríguez, quien está procesado por comercio de estupefacientes, explotación sexual de varias mujeres, promoción y facilitación de la prostitución ajena, encubrimiento agravado y falso testimonio.
Además, será juzgado Hernán D' Uva Razzari como acusado de los delitos de explotación sexual de quien fuera su pareja, encubrimiento agravado y falso testimonio. Además, se sentarán en el banquillo Hernán Rubén García, Carlos Alberto Espinosa Linares y Mirko Alejandro Galarza Senio por comercio de estupefacientes y explotación económica de la prostitución ajena.
Por último, irán a juicio tres mujeres que por su edad y por ser las más antiguas en la zona roja son conocidas como "Las Viejas". Se trata de Celia Benítez, Paola Erika Barraza, y Celia Giménez, quienes fueron procesadas por explotación económica de la prostitución ajena.
En el pedido a Ramos Padilla, las fiscales argumentaron que durante la investigación se logró acreditar la existencia de una organización criminal que desplegó su actividad delictiva a través de la captación y recepción de víctimas en la zona roja platense, a quienes ponían en control mediante el suministro de estupefacientes.
En el requerimiento de elevación a juicio, las representantes del MPF habrían precisado que la organización operaba en la “Zona Roja” a través de la conformación de una estructura en la que la venta de drogas, la explotación sexual y el aprovechamiento del consumo de las mujeres explotadas estuvieron indisolublemente vinculados.
Según enfatizaron, los apuntados ejercían “control de hecho” sobre las víctimas, y que en la mayoría de los casos consiguieron su disposición “a partir del suministro de estupefacientes y el aprovechamiento de las múltiples vulnerabilidades que presentaban, derivadas de la dependencia a las sustancias que les proveían, la corta edad y la precariedad de las condiciones sociales, económicas y familiares”.
Johana fue vista por última vez el 26 de julio de 2017, cuando salió de su casa, donde vivía con su madre y su pequeña hija, con la promesa que regresaría a las 20.30 de ese día, lo que nunca ocurrió.
La última imagen suya con vida fue tomada por la cámara de seguridad de una estación de servicio situada en las calles 1 y 63 de La Plata, en la que se la ve entrando a un baño ese mismo día, poco después de salir de su hogar.
En agosto de 2018, los restos mutilados de Johana fueron hallados en las costas de la ciudad de Berisso, aunque no fueron identificados como pertenecientes a la joven hasta el año 2019.