Luego de conocerse que el soldado de la Quinta de Olivos que se suicidó era extorsionado por presos de Magdalena y de Lisandro Olmos, siguió la investigación
El lunes, como informó El Editor Platense, el Gobierno nacional dio a conocer que el soldado de la Quinta de Olivos que se suicidó el pasado 16 de diciembre en la residencia presidencial había sido extorsionado por presos. Uno de los detenidos acusados está alojado en la Unidad 26 de Lisandro Olmos y los dos restantes en la de Magdalena.
Según informaron, a través de la aplicación de citas Evermarch, el soldado había entablado diálogo con una mujer que no existe y luego fue extorsionadas por quienes están detrás de ese falso perfil. Tras el seguimiento de los celulares de donde provenían los chantajes al soldado de la Quinta de Olivos, se detectaron múltiples números telefónicos utilizados desde dichas unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)
Con el total de las pruebas reunidas, el tribunal interviniente ordenó la realización de siete allanamientos realizados por la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) en las localidades de Lomas del Mirador, El Palomar y Monte Grande, como así también en el interior de la Unidad Carcelaria N° 36 de Magdalena (específicamente en los pabellones 3 y 4) y en la Unidad Carcelaria N° 26 de Olmos.
Durante los procedimientos fueron aprehendidos tres hombres (dos de ellos cumpliendo condena en Magdalena y uno en Olmos) y cuatro mujeres. Asimismo, se incautaron 24 teléfonos celulares, un revólver calibre .22 con municiones, una motocicleta con pedido de secuestro por robo, una tablet, una notebook y demás elementos de interés para la causa.
Los detenidos, todos de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia, imputados por los delitos de “averiguación de causales de muerte” y “extorsión”.
Acorralado por la situación, Rodrigo Gómez de 21 años, Soldado Voluntario perteneciente al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo del Ejército Argentino, el 16 de diciembre de 2025, alrededor de las 05:00 horas, se quitó la vida efectuándose un disparo en la cabeza con su propio fusil. A raíz de ese lamentable suceso, la Dra. Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, Secretaría N° 2 del Dr. Juan Cruz Schillizzi, solicitó que personal de la División Homicidios de la PFA se constituyera en el lugar de los hechos a fin de tomar intervención en la investigación.
Ese mismo día, los detectives procedieron a incautar el teléfono celular de la víctima, el cual se hallaba en su cofre, como así también una carta manuscrita en la que el soldado refería sus problemas económicos, presuntamente ocasionados por “policías corruptos” que lo extorsionaban.
Cabe destacar que, respecto de dicho escrito, se llevó a cabo un análisis caligráfico para confirmar su autoría, efectuándose además una extracción forense de datos y una inspección integral de la información contenida en el dispositivo telefónico del soldado. En tanto, se realizaron diferentes escuchas a las líneas telefónicas que habían tenido contacto con el Soldado previo a su muerte.
A partir de esto se pudo determinar que las llamadas provenían de internos que cumplían condena en la Unidad Penitenciaria N° 36 de Magdalena, quienes captaban a sus víctimas a través de una aplicación de citas.
Mediante la aplicación generaban vínculos con distintos hombres utilizando perfiles falsos de una supuesta menor de edad, desde los cuales compartían fotografías íntimas. El modus operandi consistía en que, luego del contacto inicial y del envío de imágenes, las víctimas recibían desde otro abonado telefónico un audio falso en el que una de las imputadas se hacía pasar por la “madre” de la menor, insultándolos por haber mantenido contacto con su supuesta hija.
Posteriormente, los cabecillas de la organización, desde el interior del establecimiento carcelario, realizaban un último llamado desde otro número telefónico, haciéndose pasar por personal policial, y exigían transferencias de dinero a billeteras virtuales a cambio de no judicializar la supuesta “denuncia” efectuada por la madre de la menor que había enviado las fotografías.
Con el devenir de la investigación, fue posible identificar a los sujetos privados de la libertad que ejecutaban las extorsiones, así como también a las mujeres integrantes de la organización que facilitaban la circulación y el usufructo del dinero proveniente de los ilícitos, desempeñándose como recaudadoras. Asimismo, se logró individualizar a otras nueve víctimas de los mismos delitos, quienes fueron contactadas por el juzgado interviniente.