Ariel García Furfaro está procesado como coautor de la adulteración del fentanilo que provocó 124 muertes en el país
García Furfaro esta detenido por el fentanilo contaminado
El empresario Ariel García Furfaro, titular de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., presentó una apelación de cien páginas contra su procesamiento en la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado, un caso que ya dejó al menos 124 muertes en todo el país.
Actualmente detenido con prisión preventiva, García Furfaro fue procesado a fines de septiembre por el juez federal Ernesto Kreplak, quien lo consideró coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales con resultado letal para 20 personas, además de atribuirle responsabilidad en la producción de medicamentos en condiciones peligrosas para la salud pública.
La defensa, encabezada por el abogado Gastón Marano, solicitó que se revoque el procesamiento, se declare la nulidad de la indagatoria y se modifique el embargo económico, al que calificó como “desproporcionado e inmotivado”.
En su apelación, la defensa señala múltiples falencias en la resolución judicial, entre ellas, la falta de individualización del hecho imputado y la ausencia de un vínculo causal claro entre las acciones del empresario y los fallecimientos.
Marano sostiene que no se determinó con precisión cuál habría sido el aporte concreto de su defendido ni cómo se produjo la contaminación del lote 31202, correspondiente a un opioide destinado al sistema sanitario y con orden de producción emitida en diciembre de 2024.
Asegura que no existen pruebas técnicas que expliquen cómo, en un entorno controlado y con maquinaria de última generación, una bacteria multirresistente logró eludir todos los mecanismos de seguridad y contaminar el medicamento.
También cuestiona la falta de análisis de informes clave y denuncia que la investigación se basó en una imputación genérica, sin pruebas que sustenten con rigor jurídico la acusación de coautoría. En ese sentido, advierte que se vulneraron principios establecidos en el Código Procesal Penal, así como estándares fijados por la Corte Suprema argentina y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.