Por el hecho de octubre de 2024 ya hay cinco policías detenidos, acusados de efectuar diversas torturas a presos de la comisaría Segunda de Punta Lara, Ensenada
El fin de semana, la investigación que tenía en la mira a varios policías de Ensenada, avanzó y hubo nuevos detenidos por haber torturado a presos. El hecho data de 21 de octubre de 2024 en la comisaría Segunda ubicada en Punta Lara. La misma se inició por una denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
La rápida intervención del organismo permitió la recopilación de testimonios y pruebas que fueron clave para la imputación de los policías involucrados. Tal como se informó, en la causa se establece que los agentes habrían incurrido en graves violaciones a los derechos humanos, además de falsificación o adulteración ideológica de documentos oficiales.
La investigación, encabezada por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic de la UFI N° 3 había comenzado con el arresto del entonces titular de la seccional, su segundo jefe y el imaginaria de turno. No obstante, las pruebas recolectadas apuntaron a más efectivos involucrados en los tormentos y apremios ilegales, que habrían sido aplicados como represalia a reclamos de mejores condiciones de alojamiento.
Según se detalló, los uniformados utilizaron escopetas con postas de goma, gas lacrimógeno y chorros de agua a alta presión a corta distancia, todo en medio de un apagón deliberado. Asimismo, según el expediente, las víctimas denunciaron golpes de puño, patadas y ataques con elementos policiales, además de la práctica conocida como “puente chino”.
En las últimas horas, Petit Bosnic indagó a tres de los agentes de la comisaría Segunda de Punta Lara que están involucrados. Dos de ellos permanecen detenidos y al restante aún no le efectuaron la orden de arresto.
Fue uno de los detenidos (S.A.) quien decidió declarar y reconoció haber estado presente en el momento donde se llevaron adelante las diferentes torturas a los reclusos, pero negó haber sido partícipe de los mismos, tanto de la reducción de los presos como también de las agresiones.
Este hecho podría complicar aún más al resto de los imputados que decidieron, en esta oportunidad, guardar silencio.
El conflicto inició el 21 de octubre de 2024 por un motín en la seccional del camino Almirante Brown, en Punta Lara, donde hubo quema de colchones. En ese contexto, según se desprende de la investigación, a lo largo de la madrugada, los detenidos habrían sido sometidos a brutales agresiones físicas y psicológicas.
Fue así que el juez Eduardo Silva Pelossi ordenó la detención de Adriana Cecilia Ponce, Leandro Ignacio Altamiranda el último 28 de marzo, mientras que Ángel Daniel Barrientos ya se encontraba en prisión tras haber sido condenado en diciembre de 2024 por otro caso de torturas en la Unidad Penal N° 26, en el marco de una violenta requisa en una comisaría de Berisso.