La Justicia dispuso la detención de tres efectivos policiales acusados de torturar a detenidos en la comisaría de Punta Lara. Detalles de la grave denuncia
Durante las últimas horas la Justicia ordenó la inmediata detención de tres policías de la Bonaerense. Se trata de Adriana Cecilia Ponce, Leandro Ignacio Altamiranda y Ángel Daniel Barrientos, imputados por los delitos de torturas y falsedad ideológica; acusados de participar de una feroz represión en la comisaría de Punta Lara en octubre de 2024.
De acuerdo a lo revelado por fuentes del caso, la investigación fue iniciada a partir de una denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Su rápida intervención permitió la recopilación de testimonios y pruebas que fueron clave para la imputación de los policías involucrados.
El grave caso está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 y cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial La Plata. Según se desprende de la causa, los agentes habrían incurrido en graves violaciones a los derechos humanos, además de falsificación o adulteración ideológica de documentos oficiales.
En octubre de 2024 se originó por un motín en la seccional del camino Almirante Brown, en Punta Lara, donde hubo quema de colchones. En ese contexto, según se desprende de la investigación, a lo largo de la madrugada, los detenidos habrían sido sometidos a brutales agresiones físicas y psicológicas.
Fue así que el juez Eduardo Silva Pelossi ordenó la detención de Ponce y Altamiranda el último 28 de marzo, mientras que Barrientos ya se encontraba en prisión tras haber sido condenado en diciembre de 2024 por otro caso de torturas en la Unidad Penal N° 26, en el marco de una violenta requisa en una comisaría de Berisso.
En 2019, la CPM ya había denunciado un caso de violencia institucional en la Comisaría de Punta Lara, a partir de que un detenido habría sido obligado a desnudarse, golpeado y forzado a realizar ejercicios físicos bajo amenazas de abuso sexual.
Desde la CPM reiteraron su preocupación por estos hechos y señalaron la necesidad de un seguimiento estricto de las condiciones de detención en el ámbito policial, a fin de evitar situaciones de violencia institucional y garantizar el respeto por los derechos humanos.