Claudio Albini es uno de los detenidos en el marco de la causa chocolate, por ser parte de un entramado de "ñoquis" en la legislatura bonaerense
En la noche del miércoles, Claudio Albini, uno de los acusados por haberse quedado con dinero de empleados "ñoquis" de la legislatura bonaerense, hecho conocido como " causa Chocolate", fue trasladado desde la unidad penitenciaria a un hospital de La Plata debido a que su estado de salud generó preocupación.
Según se informó, el hombre que permanece detenido en la Alcaidía Roberto Pettinato de Lisandro Olmos, pidió ir al área de sanidad, debido a que se sentía desganado y su piel había tomado un color amarillo. Fue en el lugar que le diagnosticaron anemia.
Sin embargo, pese a estar controlado, en las últimas horas su estado empeoró y el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) lo trasladó al Hospital San juan de Dios para brindarle la asistencia correspondiente.
A principio de este 2025, se le otorgó la prisión domiciliaria a Facundo Albini y a su padre, Claudio, ambos acusados de ser los principales cómplices de Julio “Chocolate” Rigau. En esa línea, los abogados de la organización Poder Ciudadano realizaron un pedido para que se revoque el beneficio otorgado por el juez Guillermo Atencio.
De esta forma, en febrero la Cámara de Apelaciones de La Plata revocó el beneficio de la prisión domiciliaria para ambos detenidos, quienes, cabe recordar que a pesar de haber obtenido el privilegio, no habían llegado a salir de prisión por la falta de tobilleras.
En el fallo, la Cámara argumentó que los Albini tenían roles más relevantes en la asociación ilícita: “Más allá de la calificación legal preliminarmente actuada, los imputados mencionados -según se desprende de las constancias de la causa y de la materialidad ilícita descripta- cumplían roles de mayor jerarquía dentro de la asociación ilícita investigada, siendo además funcionarios públicos".
Resulta importante recalcar que están acusados de ser los principales cómplices de Rigau, al conformar una asociación ilícita que se habría quedado con casi 700 millones de pesos de contratos truchos de personas que figuraban como trabajadores de los diputados provinciales, pero que no asistían y nadie sabía qué tipo de tareas hacían.