Walter Bulacio murió a manos de la Policía en 1991 pero el eco de su memoria todavía resuena en una Argentina siempre cíclica
El 19 de abril de 1991, miles de jóvenes se congregaron en las inmediaciones del estadio Obras Sanitarias para asistir a un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Era una escena típica de la época: largas filas, grupos de amigos, la liturgia del rock como espacio de pertenencia y desahogo en una Argentina que atravesaba profundas transformaciones.
Pero esa noche, como tantas otras en aquellos años, la presencia policial no se limitó a la custodia del evento. En las horas previas al recital, la Policía Federal desplegó un operativo que derivó en una razzia. Decenas de jóvenes fueron detenidos en la vía pública sin orden judicial ni causa concreta. Ese accionar respondía a una lógica de control preventivo habilitada por normativas internas que permitían arrestos por “averiguación de antecedentes”. Entre los detenidos estaba Walter Bulacio. Tenía 17 años.
“Un pibe de Aldo Bonzi, estudiante de 5° año del colegio nacional Rivadavia, caddie del club municipal de golf, hincha de San Lorenzo. Walter se descompuso en la “sala de menores” de la comisaría, una celda como cualquiera, pero con ese cartelito en la puerta. A la mañana siguiente, salió en ambulancia hacia el hospital Pirovano, con custodia policial porque seguía detenido”, reconstruyeron desde la Correpi en un informe publicado días atrás.
En el Pirovano los médicos diagnosticaron un traumatismo de cráneo grave y ordenaron una tomografía. Como no tenían tomógrafo, lo llevaron al hospital Rivadavia. El médico que lo recibió declaró ante el juzgado de instrucción que estaba apenas consciente, así que le preguntó quién lo había golpeado. No entendió qué quiso decir el pibe, que apenas murmuró “La yuta”.
De vuelta en el Pirovano, la gravedad del cuadro impuso un nuevo traslado, esta vez al sanatorio Mitre, por la obra social de la mamá. Allí, Walter Bulacio agonizó hasta el 26 de abril, ya sin recuperar la conciencia.
Décadas más tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fallo Bulacio vs. Argentina, establecería que el Estado argentino fue responsable por su detención arbitraria, por las agresiones sufridas bajo custodia y por su muerte.
Para comprender lo ocurrido, es necesario situar el caso en su contexto político. En 1991, la Argentina llevaba un puñado de años de democracia desde el retorno institucional de 1983. Era un régimen aún en proceso de consolidación, atravesado por tensiones profundas.
Durante la segunda mitad de los años ochenta, el país había enfrentado sucesivas rebeliones militares que pusieron en jaque al sistema democrático. El último de esos episodios ocurrió en diciembre de 1990, apenas meses antes de la detención de Walter Bulacio. La democracia argentina de comienzos de los noventa no sólo debía gobernar: debía sobrevivir.
En ese contexto, la relación entre el poder político y las fuerzas de seguridad estaba lejos de ser lineal. Bajo la presidencia de Carlos Menem, el Estado adoptó una estrategia dual: pacificación hacia las Fuerzas Armadas -fundamentalmente a través del indulto- y delegación operativa hacia las fuerzas de seguridad, en particular las policías.
La PFA mantenía amplios márgenes de autonomía. Sus prácticas, en muchos casos heredadas de la dictadura, no habían sido objeto de una reforma estructural. La discrecionalidad en la calle era alta; el control político y judicial, limitado.
En ese marco, las razzias eran una herramienta habitual de gestión del orden público. La paradoja, entonces, era evidente: la democracia había sido recuperada, pero el control democrático sobre el aparato coercitivo del Estado seguía incompleto.
El caso de Walter Bulacio no sólo revela un problema institucional. También permite observar cómo operaba el Estado sobre determinados sectores sociales, en particular la juventud.
Bulacio era un adolescente que asistía a un recital. No había cometido ningún delito. Sin embargo, fue detenido en el marco de un operativo que tenía como objetivo el control preventivo de un grupo social específico: jóvenes concentrados en el espacio público. En los años noventa, esa lógica era recurrente. Las razzias se aplicaban principalmente sobre jóvenes / varones / urbanos.
El recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota funcionaba como un punto de encuentro de esa cultura juvenil. Pero también, desde la mirada estatal, como un espacio potencialmente conflictivo.
Sin embargo, mientras para miles de jóvenes el rock era un territorio de identidad y pertenencia, para sectores del aparato de seguridad podía ser percibido como un foco de desorden. La detención de Bulacio fue, en ese sentido, el resultado de una mirada social que construía a la juventud como objeto de sospecha.
Esa construcción no desapareció con el tiempo. Informes recientes del Centro de Estudios Legales y Sociales y de la Comisión Provincial por la Memoria muestran que los jóvenes siguen siendo, en gran medida, el grupo más expuesto a prácticas de control policial.
Si la muerte de Bulacio expuso la violencia estatal, el recorrido judicial posterior puso en evidencia otra dimensión del problema: la dificultad del sistema argentino para sancionar ese tipo de hechos. La causa avanzó durante años entre dilaciones, cambios de juzgado y obstáculos procesales. Ante esa situación, el caso fue llevado al sistema interamericano. En 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia que marcaría un precedente.
El tribunal responsabilizó al Estado argentino por la detención arbitraria y la muerte del joven, y señaló la falta de investigación y sanción efectiva. En su fallo, estableció la obligación de reparar a la familia, de avanzar en las investigaciones y de adoptar medidas para evitar la repetición de hechos similares.
El principal imputado, el comisario Miguel Ángel Espósito, fue finalmente condenado en 2013 únicamente por privación ilegal de la libertad. Los delitos más graves, vinculados a las lesiones y la muerte, quedaron prescriptos.
No hubo, en términos estrictos, justicia por la muerte de Walter.
Con el paso del tiempo, el nombre de Walter Bulacio dejó de pertenecer únicamente al ámbito judicial para instalarse en la memoria colectiva.
El vínculo con el recital de Los Redondos convirtió al caso en un símbolo dentro de la cultura rock. Canciones, recitales, banderas y murales mantuvieron viva su memoria. El documental “Yo sabía que a Walter lo mató la policía” retomó la historia para conectarla con otras formas de violencia estatal.
En paralelo, organismos de derechos humanos y espacios de militancia adoptaron el caso como emblema. No solo por lo ocurrido en 1991, sino por lo que representaba: la posibilidad de que el Estado, incluso en democracia, vulnerara derechos fundamentales.
La construcción simbólica fue, en muchos sentidos, más efectiva que la respuesta institucional. Allí donde la justicia no alcanzó, la memoria sostuvo el reclamo.
Un informe reciente de la Comisión Provincial por la Memoria sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas advierte sobre un aumento significativo de la represión. En el primer semestre de 2025, más de la mitad de las movilizaciones monitoreadas registraron episodios represivos, con más de 1.200 personas heridas.
El documento describe detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza y una estrategia orientada a generar temor para desalentar la protesta.
Las formas no son idénticas a las de 1991, pero la lógica presenta similitudes: control del espacio público, discrecionalidad en la intervención, identificación de determinados grupos como sujetos a disciplinar.
También el contexto muestra puntos de contacto. Así como el caso Bulacio ocurrió en un momento de transformación económica -con la implementación del Plan de Convertibilidad y sus efectos sociales-, la actualidad está atravesada por políticas de ajuste que generan tensiones y una conflictividad en franco aumento.
El caso Bulacio no fue un accidente ni un exceso individual. Fue el resultado de una combinación de factores: una democracia en consolidación, fuerzas de seguridad con autonomía, prácticas heredadas de la dictadura y una lógica estatal que privilegiaba el control. Treinta y cinco años después, muchas de esas condiciones han cambiado. Otras, sin embargo, persisten bajo nuevas formas.
La pregunta que atraviesa entonces este aniversario no es solo qué ocurrió en abril de 1991. Es, sobre todo, qué cambió desde entonces. Y qué no.
En última instancia, el caso sigue planteando un interrogante central para cualquier democracia: ¿hasta dónde puede llegar el poder del Estado sobre los cuerpos de sus ciudadanos, especialmente los más jóvenes? La respuesta, todavía hoy, está en el aire.