Un proyecto del Frente Renovador busca que las estaciones de servicio de la Provincia anuncien los aumentos en el precio del combustible. Ya hay polémica
Un proyecto del Frente Renovador busca que las estaciones de servicio anuncien con 72 horas de anticipación cualquier aumento en el precio del combustible y ya hay revuelo. Si bien la iniciativa aún debe recorrer un largo camino en la Legislatura bonaerense, las empresas pusieron el grito en el cielo.
Según el proyecto de Ley impulsado por la diputada Ayelén Rasquetti, del espacio de Sergio Massa, "la derogación, a nivel nacional, de la obligación de informar los aumentos de combustibles ha generado un vacío normativo que afecta directamente a los usuarios, quienes carecen de previsibilidad frente a variaciones que impactan en su economía cotidiana". Cabe recordar que desde junio de este año, por decisión del Gobierno de Javier Milei, se derogó el requisito de informar las actualizaciones de precios de los combustibles en tiempo real.
Este jueves, la iniciativa tuvo dictamen en la Comisión de Servicios Públicos -presidida por el platense Ariel Archanco- y ahora pasará a las comisiones de Legislación General y de Presupuesto para su análisis. Una vez superadas esas etapas, recién estará lista para su debate en el recinto. Sin embargo, desde las cámaras empresariales del sector alertaron sobre la inconveniencia de avanzar en esta Ley, ya que, según expresó un comunicado de la Federación de Empresarios del Combustible (FECRA), "generaría picos de demanda que llevan inexorablemente al desabastecimiento, tal como hemos vivido en el año 2023, ante cambios en los precios y récord de demanda por aumentos de los mismos”.
En los fundamentos del proyecto, que fue acompañado por las firmas de todos los diputados del massismo, se afirma que "el combustible constituye un insumo esencial para la vida económica y social: afecta el transporte público y privado, la producción, la distribución de bienes y, en consecuencia, el costo de vida de millones de bonaerenses".
Asimismo, remarcan que "la asimetría informativa entre proveedores y usuarios requiere de la intervención estatal a nivel provincial para garantizar condiciones de equidad y previsibilidad". En este sentido, subrayaron que "la obligación de informar y publicitar anticipadamente los aumentos de combustibles no supone una intromisión en la política de precios nacionales, sino el ejercicio legítimo del poder de policía local en resguardo del interés público".