Los abogados de Cristina Kirchner se mueven en los Tribunales internacionales para intentar cambiar el fallo de la Corte Suprema. El caso Petro, la clave
Cristina Kirchner llevaría el caso a la CIDH
Horas después de que la Corte Suprema de Justicia confirme la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad, la defensa de la exmandataria analiza llevar el caso a los tribunales internacionales.
El abogado de CFK, Carlos Beraldi, anticipó que presentará una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que podría recomendar al Estado argentino que revise la condena y, en caso de que la Corte Suprema no haga lugar el pedido, elevar la discusión a la Corte de la CIDH.
El paso previo para este hipotético proceso es que la CIDH acepte el caso, para luego comenzar a evaluar si hubo o no una violación a los derechos humanos. En primer lugar, la defensa de Cristina Kirchner debe llevar el reclamo al marco internacional a través de la Corte Penal Internacional.
Esta tarea ya la hizo Gregorio Dalbón, otro de los abogados de la líder del Partido Justicialista, quien el lunes presentó un escrito en La Haya por "hostigamiento sistemático" contra la expresidenta.
“El intento de encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner no es un acto aislado. Es la pieza final de un engranaje de persecución sistemática y sofisticada. El silencio ante este caso puede sentar un precedente de retroceso democrático en toda América Latina”, denunció el letrado.
La denuncia ante la CPI es un paso clave antes de la inminente presentación que hará la defensa de la titular del PJ ante la CIDH, algo que ya fue confirmado por el propio Dalbón.
La principal línea argumental que impulsa la defensa de Cristina Kirchner toma como referencia un antecedente internacional de peso: el caso de Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia. La exmandataria y su equipo jurídico citarán una medida cautelar que la CIDH dictó a favor de Petro en 2014, y que luego fue ratificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En 2012, Petro fue elegido alcalde de Bogotá, pero al año siguiente fue destituido e inhabilitado por 15 años debido a presuntas irregularidades administrativas. La decisión fue respaldada por el Tribunal Constitucional colombiano.
Sin embargo, la CIDH consideró que la sanción vulneraba derechos políticos fundamentales, protegidos por el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como resultado, dictó una medida cautelar que exigía al Estado colombiano restituir los derechos políticos de Petro.
La Corte Interamericana respaldó esa resolución en 2020, con la participación, entre otros, del juez Eugenio Zaffaroni, exintegrante de la Corte Suprema argentina y figura cercana al kirchnerismo. Gracias a aquella decisión, Petro pudo postularse nuevamente y, años más tarde, alcanzar la presidencia de Colombia.
La defensa de Kirchner busca replicar ese esquema ante una eventual inhabilitación, sosteniendo que impedirle competir violaría tratados internacionales con jerarquía constitucional.