Tras la condena por la causa Vialidad, ANSES había dispuesto la baja de la pensión de Néstor Kirchner a Cristina Fernández, ahora le será restituida
Cristina Fernández y Néstor Kirchner
La Cámara Federal de la Seguridad Social resolvió restituir la pensión que percibía Cristina Fernández como viuda del expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. De esta forma, quedó sin efecto la decisión de la ANSES que había dispuesto su baja tras la condena en la causa Vialidad.
El Tribunal declaró admisible el recurso presentado por la exmandataria y ordenó suspender la resolución administrativa que eliminaba la prestación. La decisión contó con el voto favorable de los jueces Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo, mientras que la magistrada Nora Dorado no intervino por encontrarse de licencia.
Cabe recordar que la apelación había sido presentada en noviembre de 2025, después de que el Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1 rechazara una medida cautelar que buscaba frenar la quita del beneficio. Luego de que quedó firme la condena en la causa Vialidad, la ANSES dispuso la baja de dos prestaciones que percibía la exmandataria: la pensión como viuda del exjefe de Estado y la jubilación correspondiente por haber ejercido la Presidencia de la Nación.
En este fallo, la Cámara sostuvo que el organismo previsional no estaba habilitado para dar de baja la pensión, únicamente podía suspenderla, y consideró inoportuno el argumento vinculado a “cuestiones de honor” utilizado para justificar la eliminación de ambos beneficios. Aún así, avaló la decisión de dejar sin efecto la jubilación como expresidenta ya que, la condena habilita esa medida.
Es importante mencionar que ambos beneficios surgen de la ley 24.018, que regula asignaciones de privilegio y no exige requisitos de edad ni aportes previsionales.
Según los datos brindados hasta noviembre de 2024, las asignaciones sumaron en bruto $35.255.297,73, mientras que el monto neto alcanzó $21.828.203,92, cifra equivalente a casi 70 veces el haber mínimo más el bono vigente en ese momento en el sistema general. Dentro de esa suma se incluía un adicional cercano a $6 millones por zona austral, dado que el domicilio declarado estaba en Santa Cruz, situación que derivó en una denuncia penal impulsada por la ANSES.